ALCOY. La polémica entre PP-PSOE por los sobrescostes de la reforma del Teatre Calderón de Alcoy, a raíz de que la Fiscalía haya pedido el sobreseimiento del caso, suma un nuevo capítulo, esta vez derivado de los gastos judiciales.

Tras acusar el portavoz del PP, Carlos Pastor, al alcalde, Toni Francés, y a la concejala de Administración Local, Lorena Zamorano, de "mentir, en rueda de prensa, al afirmar que los litigios judiciales por las obras del Teatro Calderón no han tenido ningún coste para las arcas municipales ni para los propios alcoyanos, cuando de momento ascienden a más de 100.000 euros", la concejala remarca que "esa cifra se remonta al contencioso de 2014, que no siguió adelante porque los hechos habían prescrito, pero nos hicieron pagar las costas, algo más de 96.000 euros, junto a cerca de 4.000 del procurador. No hay gastos de abogados, porque el proceso fue asumido dentro del contrato que tenemos con un despacho de abogados".

Zamorano añade que "en la rueda de prensa a la que se refiere el PP, de lo que estábamos hablando es del proceso penal, en el que no tenemos gastos de abogados, ni se nos ha condenado en costas, solo queda la factura del procurador. Aquí nadie ha mentido". Sobre este tema el PP ya preguntó en el pleno, donde recibió la información, y desde el gobierno recuerdan que se siguió el proceso al haber tres informes periciales que recogían los sobrecostes del Teatre Calderón, que se situaron en más de un millón de euros, al igual que se hizo con otros proyectos, que han permitido recuperar 800.000 euros para las arcas municipales. Tras el anuncio de la Fiscalía, el Ayuntamiento ha renunciado a seguir con el proceso penal, si bien estudian posibles alternativas.

Pastor reitera que "primero niegan que haya tenido coste alguno para este Ayuntamiento. Luego admiten que sí lo hubo y, finalmente, van apareciendo las facturas que evidencian que los gastos de todos los procedimientos judiciales iniciados por este Ayuntamiento ascienden, que se sepa de momento, a más de 100.000 euros. No debemos olvidar que los costes judiciales los pagamos todos, ya que salen del dinero público que el ayuntamiento recauda de los impuestos de los ciudadanos. Usar ese dinero para emprender una persecución política contra el principal partido de la oposición no es responsable". A esto añade que "desde el grupo municipal del Partido Popular exigimos a este gobierno, que asuma la responsabilidad de sus acciones y que deje de utilizar recursos públicos en disputas políticas que sólo generan división y desconfianza entre los ciudadanos".