ALCOY. Trabajadores de Automóviles La Alcoyana cumplen nueve meses en huelga, tras los que denuncian "el deterioro del servicio, la falta de información a los usuarios y la situación de abandono que sufre la plantilla", como indica la representación legal de estos a través del sindicato CGT.
En l'Alcoià y el Comtat la huelga afecta al servicio comarcal, así como a la línea entre Alcoy y Alicante. Precisamente, de esta conexión con la capital, la representación legal de los trabajadores critica que desde que se inició este mes de septiembre, "los bonos correspondientes a las poblaciones de Ibi, Onil y Castalla habrían dejado de estar operativos, manteniéndose únicamente los correspondientes a Alcoy-Alicante en el servicio directo. Existe, además, una preocupante falta de información clara y unificada". Además de lo referente a estas comarcas, también afecta a la línea Xixona, Villena y diferentes poblaciones, y vienen reivindicando mejoras laborales y en el servicio.
En este sentido, aseguran que "los usuarios que contactan con los diferentes servicios de información de la empresa reciben, según nos trasladan, respuestas distintas y no obtienen una solución concreta a su problema. Consideramos especialmente preocupante que una cuestión que afecta directamente a títulos de transporte subvencionados pueda producirse sin una información clara y previa a los usuarios. Entendemos que cualquier modificación de estas características debería contar con las autorizaciones correspondientes y ser comunicada públicamente de forma adecuada por los organismos responsables. Según nos informan los propios usuarios, una situación similar ya se produjo el año pasado, volviendo a repetirse ahora".
A esto, inciden en los problemas que se viven desde hace meses y apuntan a "retrasos frecuentes, autobuses con una ocupación excesiva, usuarios que se quedan en las paradas por falta de capacidad de los vehículos, situaciones en las que se permite el acceso de pasajeros de pie en condiciones que consideramos preocupantes desde el punto de vista de la seguridad y de la calidad del servicio".
Junto a esto, denuncian "falta de mantenimiento adecuado de los autobuses, una capacidad de taller que, a nuestro juicio, no permite atender correctamente las necesidades de la flota, y la necesidad de renovación de una parte importante de los vehículos". Completan la lista las "deficiencias en la limpieza general de los autobuses, falta de información al usuario, y un servicio de atención telefónica al cliente que resulta, en numerosas ocasiones, insuficiente o difícilmente accesible”.
Después de estos meses, los representantes de los trabajadores reiteran que "la plantilla viene denunciando desde hace tiempo una situación de estrés, tensión y conflictividad laboral, en la que, según hemos denunciado reiteradamente, se han producido sanciones, despidos y actuaciones que los trabajadores consideramos incompatibles con el respeto a la dignidad laboral y al derecho a defender nuestros puestos de trabajo y nuestras condiciones laborales".
Detallan que suman "más de 1.000 días acumulados de sanciones de empleo y sueldo y nueve despidos", según los datos que maneja la representación de los trabajadores. "Estas cifras deberían ser suficientes para que las administraciones y responsables del servicio se pregunten qué está ocurriendo y, sobre todo, qué medidas se están adoptando para poner fin al conflicto. Consideramos que Vectalia (que es la concesionaria) no está dando una respuesta adecuada a la magnitud de la situación y observamos con preocupación la actitud de la Generalitat Valenciana, a la que corresponde velar por la correcta prestación de un servicio público esencial y por los intereses de los ciudadanos que utilizan diariamente el transporte público".
