ALCOY. La macroplanta fotovoltaica que una filial de Iberdrola prevé instalar en Alcoy, en el Valle de Polop, suma un nuevo enfrentamiento, tras una denuncia vecinal por trato de favor a la empresa que el Ayuntamiento ha desmentido. Esta vez el tema ha sido el estado de una masía propiedad de la empresa en la zona de la futura macroplanta, al argumentar el vicepresidente de la asociación de vecinos del Valle de Polop, Rafael Merín, que el Consistorio no ha seguido los trámites legalmente establecidos para requerir su mantenimiento, algo que desde el gobierno municipal, a través de la edil de Urbanismo, Vanessa Moltó, niegan. La edil reitera que "este procedimiento se ha tramitado siguiendo el mismo criterio que en cualquier otro caso similar, sin importar la identidad del propietario. Como en todas las actuaciones urbanísticas, se han realizado los requerimientos pertinentes dentro del marco legal y con total transparencia, garantizando que se cumplan las obligaciones establecidas para la conservación del patrimonio edificado".
Según explica el apuntado vecino en una nota de prensa, el 22 de octubre de 2023 "tres días antes de ser adquirido por Iberdrola, se presentó el Informe de Evaluación del Edificio (IEE) del edificio conocido como Mas del Xocolater, del que se desprendían una serie de deficiencias que requerían intervención urgente, hasta un número de nada menos 32. Estas deficiencias, comunicadas al Ayuntamiento según marca la Ordenanza Reguladora de la inspección Técnica de Edificios, derivarían según la misma en una orden de ejecución con un plazo máximo de cumplimiento de seis meses". El vicepresidente remarca que "el resumen de dichas deficiencias es público, a través del visor cartográfico de la Generalitat, en el que constan como sin ejecutar. En dicha edificación se encuentran además dos retablos catalogados como Bienes de Relevancia Local (BRL), lo que hace aún más necesario el mantenimiento del inmueble que los acoge, para evitar daños en los mismos. En dichos BRL se observó daños, comunicados al Ayuntamiento en fecha 14 de Octubre de 2024 sin obtener respuesta alguna a dicha denuncia".
Rafael Merín incide en que "a día de hoy no sólo no se han realizado las intervenciones urgentes reflejadas en el IEE de octubre de 2023, ni se ha realizado intervención alguna para preservar y proteger los BRL, sino que el estado de la edificación se ha deteriorado de manera alarmante, ante la pasividad manifiesta y cómplice del Ayuntamiento”, y estuvo comprobando el estado el pasado jueves observando “el nulo mantenimiento llevado a cabo en el mas y el consiguiente deterioro del mismo".
El Ayuntamiento explica todos los pasos seguidos "sin excepciones"
Mientras, desde el Consistorio explican que el procedimiento de orden de ejecución se inició el 23 de octubre de 2023, tras la presentación del Informe de Evaluación del Edificio. Más tarde, el 10 de mayo de 2024, a través de un decreto, la Alcaldía ordenó la reparación de las deficiencias detectadas, con un coste estimado de 30.000 euros y un plazo de seis meses para su ejecución.
Posteriormente, se informó que la propiedad había sido transmitida a Iberenova Promociones SA, "por lo que se trasladó el expediente a dicha empresa, otorgándole un plazo para presentar alegaciones. En su respuesta, la empresa argumentó que nunca recibió notificación para inspección, que el IEE original indicaba solo medidas urgentes y que la orden de ejecución era desproporcionada, solicitando una nueva visita".
Tras realizarse una nueva inspección, el técnico municipal ratificó la necesidad de las intervenciones establecidas en la orden original, confirmando daños estructurales graves en fachadas, cubiertas y estructura del edificio. Finalmente, el Ayuntamiento "desestimó las alegaciones presentadas por Iberenova Promociones SA y mantuvo la orden de ejecución en todos sus términos". En este momento "el Ayuntamiento está pendiente de hacer el encargo al inspector para comprobar si se han ejecutado las obras. En caso contrario se iniciará el expediente de multas coercitivas", tal y como explican en una nota de prensa.
La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, remarca que "estas acusaciones carecen de fundamento. El Ayuntamiento de Alcoy ha aplicado la normativa con rigor y sin excepciones, garantizando el cumplimiento de la ley para todos los propietarios por igual", y añade que "seguiremos trabajando con determinación para garantizar que todas las actuaciones urbanísticas se lleven a cabo con objetividad y en estricto cumplimiento de la legalidad".
El vecino lo compara con su caso personal
Mientras, el vicepresidente de la asociación, insiste en que "esta dejadez y este trato de favor otorgado por el Ayuntamiento al promotor de la planta solar fotovoltaica contrasta con el celo con el que persigue al resto de propietarios de masías del Valle de Polop". Expose su caso personal, relativo a su masía, "cumplí con la obligación legal y presenté el IEE el 30 de mayo de 2023, sin deficiencias que requirieran intervenciones urgentes, a diferencia del caso del Xocolater, sino tan solo con intervenciones a medio plazo, definidas en la Ordenanza como elementos que presentan lesiones de importancia baja o daños moderados de forma puntual, que necesitan actuaciones puntuales. Sin embargo, en mi caso sí se procedió por parte del Ayuntamiento a emitir una orden de ejecución el 20 de septiembre de 2023, para requerirme subsanación en un plazo de seis meses de esos daños moderados que según normativa requieren intervenciones a medio plazo".
Remarca que "esa orden de ejecución ha derivado en los últimos días en una amenaza de multa coercitiva. Esta vergonzosa diferencia de trato es para mí un evidente caso de desviación de poder, cuando no un acto que roza la prevaricación, dirigido además contra alguien que está peleando dentro de la Asociación de Vecinos del Valle de Polop por los intereses de los mismos, como los relacionados con la exigencia del propio IEE a las masías sin tener en cuenta su evidente singularidad, con la lucha contra el cobro de la tasa de basuras cuando es un servicio que no se presta a las masías o, últimamente, contra la implantación de la planta fotovoltaica en el Valle de Polop", remarca el vicepresidente de la entidad, Rafael Merín.