ALCOY. La industria textil, a través del Consejo Intertextil Español (CIE), reclama un refuerzo urgente de los controles en frontera ante el fuerte aumento de las importaciones vinculadas al comercio electrónico y el volumen creciente de envíos de bajo valor que acceden al mercado europeo.

Para el CIE, ya no se trata solo de una cuestión administrativa. “La falta de control efectivo en frontera se ha convertido en un problema económico e industrial: distorsiona la competencia, perjudica a las empresas que sí cumplen las normas y erosiona la capacidad de Europa para mantener empleo, inversión y producción”.

Remarcan que el peso del sector explica la magnitud del problema. La industria textil europea está formada por unas 192.000 empresas, genera cerca de 1,3 millones de empleos directos y mueve alrededor de 170.000 millones de euros al año. Además, más del 99% de estas compañías son pequeñas y medianas empresas, especialmente vulnerables a cualquier desequilibrio competitivo. Apuntan que si en 2024 entraron en la Unión Europea unos 4.600 millones de envíos de bajo valor, las estimaciones para 2025 elevan esa cifra hasta los 5.900 millones. "Este flujo masivo, vinculado en gran medida a plataformas de comercio electrónico, dificulta las comprobaciones y aumenta el riesgo de que parte de los productos llegue al mercado sin las mismas exigencias que se aplican a las empresas europeas".

En este contexto, la reciente reforma del Código Aduanero de la Unión supone un paso relevante. El acuerdo alcanzado por los colegisladores europeos prevé, entre otras medidas, "la creación de un hub único de datos aduaneros en la UE y la introducción de la figura del 'importador presunto', que refuerza la responsabilidad de las plataformas e intermediarios implicados en la venta a distancia hacia el mercado europeo. Para la industria, este cambio apunta en la dirección correcta: vender en Europa debe implicar también asumir plenamente la responsabilidad sobre el cumplimiento de sus normas".

Desde el CIE explican que "mientras la industria europea asume costes regulatorios, fiscales, laborales y medioambientales cada vez más exigentes, parte de los productos importados entra en condiciones más laxas. Esa diferencia crea una desventaja competitiva que reduce márgenes, frena la inversión y compromete el futuro del sector". A ello se suman los efectos fiscales y de mercado. La entrada de mercancías con controles insuficientes, o con valores declarados artificialmente bajos, distorsiona la competencia, perjudica a quienes operan conforme a las reglas y afecta a la recaudación pública.

"No se trata de poner trabas al comercio, sino de garantizar que todos los productos que se venden en Europa compitan con las mismas reglas", señala José Mª Mestres, presidente del Consejo Intertextil Español (CIE). "Si esa exigencia no se aplica de forma efectiva en frontera, la industria europea pierde capacidad para competir y sostener empleo".

Riesgo para la competitividad y para el consumidor

El CIE identifica dos ámbitos especialmente sensibles: el cumplimiento químico de los productos y la verificación del origen declarado. En materia química, el Consejo recuerda que los productos textiles comercializados en la Unión Europea deben cumplir la normativa vigente y no incorporar sustancias restringidas o prohibidas por encima de los límites permitidos. "Si ese control no se aplica con el mismo rigor a los productos importados, se genera una doble consecuencia: se castiga a las empresas que sí cumplen y se introduce un riesgo real para el consumidor". Apuntan que según los sistemas europeos de alerta de seguridad de producto, el riesgo químico representa cerca del 50% de las alertas notificadas, y la categoría de textiles y moda aparece de forma recurrente entre los productos afectados.

Esto significa que una prenda puede contener sustancias que el consumidor no ve, pero que pueden estar relacionadas con irritaciones cutáneas, alergias o exposición continuada a compuestos potencialmente tóxicos. El riesgo es especialmente sensible en ropa infantil o en prendas de uso intensivo. Por eso, el CIE insiste en que la revisión documental no basta en todos los casos de control fronterizo. En las categorías de mayor riesgo, considera necesario reforzar las verificaciones mediante inspecciones, muestreo y análisis de laboratorio.

Origen, aranceles y competencia desleal

El segundo punto crítico es la verificación del origen declarado. "Determinar correctamente de dónde procede un producto no es un detalle menor: puede afectar a los aranceles, a la aplicación de medidas comerciales y a las condiciones en las que ese producto compite en el mercado europeo. Cuando el origen no se verifica con rigor, aumenta el riesgo de que algunos productos entren con ventajas indebidas. Eso no solo genera confusión en el consumidor, sino que también puede traducirse en costes artificialmente más bajos para determinados operadores, en perjuicio de quienes sí compiten conforme a las reglas", tal y como apuntan desde el CIE.

Para el CIE, garantizar una verificación rigurosa del origen es una cuestión de equidad de mercado. Las empresas que producen con transparencia no pueden competir en inferioridad frente a operadores que se benefician de controles insuficientes o de interpretaciones laxas.

Ante esta situación, el Consejo Intertextil Español considera prioritario reforzar el control en frontera, mejorar la coordinación entre aduanas y autoridades competentes y adaptar el sistema al nuevo volumen de importaciones ligado al comercio electrónico.

El CIE valora positivamente que la Unión Europea haya empezado a reformar su marco aduanero, pero advierte de que los plazos previstos siguen siendo lentos frente a la velocidad a la que crecen estas importaciones. La aplicación completa del nuevo sistema no se espera hasta 2028, y la industria considera necesario avanzar más rápido en todas aquellas medidas que puedan ponerse en marcha antes.

El CIE subraya también la importancia de que el consumidor sea consciente de lo que implica comprar productos procedentes de fuera de la Unión Europea cuando no existen garantías equivalentes de control. No se trata solo del precio: también están en juego la seguridad del producto, el empleo, la actividad industrial y la capacidad de Europa para seguir produciendo bajo sus propios estándares. "La frontera no puede convertirse en un punto ciego", añade Mestres. "Debe ser una garantía para el consumidor y para las empresas que sí cumplen. Si no corregimos estas desigualdades, seguiremos debilitando la base industrial europea". A juicio del CIE, "vender en Europa debe implicar el cumplimiento efectivo de unas mismas reglas para todos. Cuando eso no ocurre, pierde la industria, pierde el consumidor y pierde el conjunto de la economía productiva europea".