ALCOY. Al parecer sí habrá auditoría externa a la contratación del Ayuntamiento, especialmente de contratos menores, pero no la que había pedido el PP en el pleno celebrado este viernes. Los populares presentaban una moción en la que planteaban la necesidad de una auditoría externa de los contratos menores de los últimos cinco años, una medida que ya anunciaron tras las presuntas irregularidades de una funcionaria, a la que se investiga si habría adjudicado contratos y pagado facturas a su esposo por valor de 400.000 euros.
Esta moción del PP no ha prosperado, puesto que el gobierno municipal (PSOE y Compromís) han votado en contra, lo que supone 12 votos. Además del PP la ha respaldado Guanyar Alcoi, sumando 10 votos, mientras que los tres ediles de Vox han manifestado su abstención. Sin embargo, al término de la sesión el PSOE ha anunciado que llevará a cabo su propuesta, que pasa por auditar los 15 años de su alcaldía, de 2011 a 2025 que es el último cerrado, y además añadir siete expedientes "cuestionados" de la etapa de gobierno del PP, entre ellos las obras del Teatre Calderón y el PAI de la urbanización de Serelles.
A raíz del resultado de la votación, el portavoz del PP, Carlos Pastor, ha señalado que "hoy PSOE y Compromís no han votado en contra del Partido Popular. Han votado en contra de que los alcoyanos conozcan toda la verdad. Cuando uno no tiene nada que ocultar, no bloquea una auditoría independiente; la apoya. Lo que planteábamos era revisar el funcionamiento de los controles del Ayuntamiento para saber qué falló y garantizar que una situación como esta no vuelva a repetirse".
Durante el debate, la concejala de Contratación, Lorena Zamorano, ha defendido que el Ayuntamiento de Alcoy dispone desde hace años "de un sistema de control especialmente garantista, con mecanismos internos que van más allá de las obligaciones establecidas por la legislación estatal”. Entre ellos ha destacado la regulación específica incorporada en las Bases de Ejecución del Presupuesto, la fiscalización previa de la Intervención Municipal, los controles permanentes y las auditorías de cumplimiento que se realizan periódicamente y cuyos resultados son elevados al Pleno y remitidos a los órganos de fiscalización competentes.
Asimismo, el grupo socialista ha presentado una enmienda "con el objetivo de mejorar la propuesta inicial". Entre otras cuestiones, ha planteado ampliar el periodo de análisis desde 2011 hasta 2025, todos los años en que los socialistas están en el gobierno, para poder evaluar la evolución de la contratación antes y después de la entrada en vigor en 2017 la nueva ley de Contratos del Sector Público, "eliminando además aquellos puntos que ya forman parte de los controles obligatorios que realizan de manera periódica los órganos de fiscalización". En estos años, han gobernado tanto en solitario como en coalición.
La enmienda socialista también incorporaba "un análisis de otros expedientes históricos de contratación municipal para ofrecer una visión más amplia y completa". Se trata de auditar siete expedientes municipales vinculados a la etapa de gobierno del PP, como son "la ejecución de las obras de reforma del Teatre Calderón, el proceso de adjudicación del PAI de la urbanización de Serelles, el proceso de adjudicación del contrato del bulevar de la Uixola, el procedimiento para la concesión del parking de La Rosaleda, la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y el grupo Eroski, y la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y la empresa La Retjola". Esta enmienda no ha sido aceptada por el PP y su portavoz, Carlos Pastor, ha apuntado que "me está acusando de oscuros intereses y de buscar sospechosos, que es lo mismo que está haciendo con estos expedientes de gobierno anteriores. Si quieren investigar estos contratos, han tenido 15 años para hacerlo, no hace falta pedirlo al pleno".
Zamorano ha explicado durante su intervención que el gobierno municipal no comparte "que un procedimiento disciplinario actualmente en tramitación permita poner en cuestión el funcionamiento global del sistema de contratación del Ayuntamiento, especialmente cuando han sido precisamente los mecanismos internos de control los que han permitido detectar la situación e iniciar las actuaciones correspondientes".
La edil de Contratación ha añadido que "el Ayuntamiento de Alcoy cuenta con un sistema de contratación sometido a controles efectivos y más exigentes que los previstos por la normativa estatal. Nuestro compromiso es seguir mejorando siempre que sea posible, porque la transparencia y el buen gobierno no son una opción, sino una obligación permanente", ha señalado. Zamorano ha añadido que "pese al PP, seguiremos adelante con el resto de grupos municipales para impulsar una auditoría que disipe cualquier duda sobre la gestión de este Ayuntamiento y de su personal".
El PP pide "transparencia y credibilidad"
Para el Partido Popular, “el resultado deja una pregunta que cualquier alcoyano se está haciendo: ¿qué tiene que esconder el gobierno para negarse a que un organismo independiente revise lo ocurrido? Si todo se ha hecho correctamente, no había ningún motivo para votar en contra de una auditoría que únicamente pretendía esclarecer los hechos y reforzar la confianza de los ciudadanos".
Desde el Partido Popular consideran "especialmente grave que el gobierno haya rechazado la única herramienta que podía aportar transparencia y credibilidad en un momento en el que la ciudadanía exige explicaciones. Con el dinero de los alcoyanos no se juega, y eso es algo que a Toni Francés parece no importarle".
El grupo popular lamenta "que PSOE y Compromís hayan preferido cerrar la puerta a la transparencia en lugar de despejar cualquier duda sobre la gestión municipal. La confianza no se pide, se gana con hechos. Y hoy el Gobierno ha demostrado que prefiere seguir ocultando información antes que someterse a una revisión independiente". Tras el pleno el PSOE ha anunciado que llevarán a cabo su propuesta.
Desde el Partido Popular aseguran que seguirán "exigiendo responsabilidades políticas y defendiendo la máxima transparencia en la gestión de los recursos públicos. Los alcoyanos tienen derecho a conocer toda la verdad sobre el uso de su dinero".
