ALCOY. El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para dar explicaciones sobre el expediente disciplinario abierto a una funcionaria, técnico del departamento de Inspección General de Servicios (IGS) por posibles adjudicaciones de contratos menores y facturas pagadas a una persona afín, que si bien el alcalde no ha concretado sí ha trascendido que es a su esposo.

El montante de las presuntas adjudicaciones irregulares asciende a unos 400.000 euros, en 10 años, según ha explicado el alcalde y si bien durante la mayor parte del tiempo se trataba de facturas que no superaban los 1.000 euros, con un montante de 25.000 euros al año, desde el pasado verano y hasta enero se observan contratos menores por cuantías más elevadas. Como dato, apuntar que una de las empresas se constituyó en noviembre y dos semanas después recibía un contrato.

Así, el pasado febrero se detectaron repetidas adjudicaciones a una misma empresa, lo que se comunicó al concejal del área, Jordi Martínez, y este al alcalde, "y de manera rápida planteé un expediente de información reservada para ver si esos indicios tenían visos de ser reales", apunta Francés. A esto añade que "el departamento de Personal empieza a trabajar en comprobaciones y concluye que hay indicios de una falta muy grave por presuntamente otorgar facturas y contratos menores a personas y empresas directas, sin que se abstuviera".

El 12 de mayo se abrió expediente disciplinario a la técnico municipal y se nombró a un instructor que es quien a partir de ese momento puede actuar. "Tanto al expediente disciplinario como al de información reservada no tengo acceso, ni yo ni nadie del Ayuntamiento. Solo puede consultar y gestionar ese expediente el instructor nombrado. Es como el secreto de sumario".

Según ha explicado el alcalde, cuando las contrataciones pasaban por Junta de Gobierno nada hacía pensar que pudiese haber una irregularidad, "se pedían tres o más presupuestos y todos se han adjudicado a la oferta más barata. Cuando llegan a la Junta de Gobierno se comprueba que es la mejor oferta, lo que no podemos saber son las relaciones personales de los funcionarios". El alcalde reitera que "ese expediente disciplinario está en marcha y si en algún momento detecta responsabilidad penal de algún funcionario se paralizará el expediente y se trasladará al Juzgado. Si son faltas administrativas se determinarán las posibles sanciones. Si, por el contrario, todo está correcto, se archivará". 

Junto a ello, el alcalde ha anunciado que va a abrirse una investigación para determinar "quién ha filtrado a un medio de comunicación un documento sensible sin haberlo anonimizado. Quien haya sido, se ha saltado la ley, trasladando ese documento que además ha sido publicado y puede verse el código para acceder y detalles personales. Se trata de un comportamiento ilícito y debe tener responsabilidades, por lo que actuaremos con contundencia si no se ajusta a la legalidad". De todas estas cuestiones han sido informados los diferentes grupos municipales en una junta de portavoces previa a la rueda de prensa.

Reordenar el departamento por conflictividad interna

Por otra parte, y tras la confusión generada estos últimos días, el alcalde ha explicado un segundo caso en el departamento de IGS que nada tiene que ver con el de las adjudicaciones, según ha indicado, pero que ha comportado una reordenación.

El 5 de marzo entró en Personal una denuncia por acoso laboral a un funcionario IGS por parte de varios trabajadores del departamento, que se acogieron a la posibilidad de actuar de manera anónima. "Se actuó con rapidez, se abrió expediente y la consiguiente investigación, se alegó y el 21 de abril se constató que de los hechos no se deriva acoso laboral, por lo que se cerró el expediente dictaminando que no había acoso laboral y no cabía expediente disciplinario a esa persona”. En abril se recibió una denuncia similar de otra persona, sobre el mismo responsable de departamento y se cerró de la misma manera.

El alcalde ha apuntado que "si bien se ha dictado que no hay acoso laboral, sí hay conflictividad en IGS", por lo que se ha llevado a cabo una reordenación. En algunos medios se ha apuntado que el edil planteó su dimisión.