ALCOY. La presunta adjudicación de contratos menores por parte de una funcionaria del Ayuntamiento de Alcoy a empresas vinculadas a su esposo, por lo que hay abierto un expediente disciplinario y se investiga lo sucedido, sigue sumando capítulos y ha sido el portavoz municipal del PP, Carlos Pastor, quien ha comparecido este lunes en rueda de prensa para reiterar las responsabilidades del alcalde, Toni Francés, "ya pedimos su dimisión cuando perdió la cuestión de confianza y ahora también debería asumir sus responsabilidades políticas, lo que supone dimitir, así como pedir disculpas. Después de 15 años gobernando no se puede escudar en que no sabía nada y solo ha salido al paso porque le han pillado. Si no se hubiese publicado este tema, ¿seguiríamos sin saber nada?".
Por su parte, los populares van a pedir "una auditoría externa e independiente sobre los procesos de contratación del Ayuntamiento de Alcoy y los mecanismos de control", apuntando Pastor que "quién nos asegura que no ha pasado en otros departamentos o puede volver a pasar. Hay que tomar medidas para ver qué se puede hacer y que no vuelva a suceder".
Pastor hace hincapié en que la situación sufre "falta de transparencia. Si tuvo conocimiento del tema el 13 de febrero, han pasado cuatro meses sin que ni oposición, ni prensa ni la ciudadanía hayamos tenido conocimiento”, como también reitera que "el alcalde dijo que los controles habían funcionado. Si hubiesen funcionado no se detectaría un problema 10 años después de que viniese sucediendo. Los controles funcionan cuando se detecta antes o inmediatamente después de suceder. Aquí han fallado todos los controles y el alcalde es el máximo responsable". Según se apuntó, lo que se investiga son facturas y contratos por valor de 400.000 euros en una década, "es dinero público y el gobierno debe dar todas las explicaciones".
Además, Carlos Pastor pone el foco en quien fuera responsable del departamento donde han sucedido las presuntas irregularidades, el de Inspección General de Servicios. Según apuntó el alcalde ha sido trasladado a otro departamento tras denuncias por acoso laboral y "si bien se ha dictado que no hay acoso laboral, sí hay conflictividad en IGS". Para los populares esta situación es absolutamente distinta, "se ha publicado que el entoces jefe de IGS fue el que denunció las posibles irregularidades. No hay acoso laboral, pero el alcalde cesa a quien trasladó las posibles irregularidades. Un departamento al frente del que se encuentra el concejal Jordi Martínez, que es una de las partes que está dentro de las peleas internas del PSOE”. Según el portavoz del PP, "los conflictos internos del PSOE están afectando a la gestión y es ingobernable".
Junto a ello, el portavoz del PP ha recordado que han pedido acceso a toda la documentación disponible "y si cuando finalice la investigación hay indicios, llevaremos el tema al Juzgado si el alcalde no lo hace". Por otra parte, los populares quieren saber qué opina del tema Compromís, socios de gobierno con los socialistas, "deberían decir qué opinan. Gobernar es algo más que decir que eres vicealcalde y aparecer en todas las fotos".
Vox: "no es un hecho aislado"
Mientras, el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alcoy, David Abad, ha manifestado la "máxima preocupación" de su formación "ante el escándalo de presuntas adjudicaciones irregulares por valor de 400.000 euros en el área de Ingeniería, Gestión y Servicios (IGS), agravado por la fulminante destitución del jefe de servicio que descubrió y denunció los hechos".
Para VOX, "este grave episodio no es un hecho aislado, sino la confirmación judicial y administrativa de la forma de gestionar el dinero público por el gobierno local. Este escándalo confirma punto por punto las sospechas que este grupo municipal ya mantenía desde la legislatura pasada sobre la alarmante falta de control, el oscurantismo y las arbitrariedades en los departamentos con los contratos más importantes del consistorio", ha aseverado David Abad. Han exigido "que se ponga sobre la mesa toda la información oficial y los decretos de cese. Vamos a analizar minuciosamente cada documento y, a partir de ahí, estudiaremos junto a nuestros servicios jurídicos nacionales las medidas legales y políticas necesarias para depurar responsabilidades hasta el final", ha concluido Abad.
