ALCOY. La Canal como zona industrial fue el eje de una mesa redonda celebrada en Alcoy de la mano de la Universidad de Alicante (UA) y que reunió al vicepresidente de la Cámara de la ciudad y presidente de la Federación Empresarial Alcoià-Comtat, Natxo Gómez, al técnico del proyecto Alcoy Sur, Santiago Pastor, a Júlia Moltó en representación de la Colla Ecologista La Carrasca y a Enrique Moltó, geógrafo y profesor de la UA, quisieron expusieron los pros y contras de desarrollar un parque empresarial en esta zona, concretamente en terrenos próximos al término de Ibi. La mesa estuvo conducida por Tono Belda, coordinador técnico de actividades culturales del Campus de Alcoy de la UA. 

Hay que tener en cuenta que Alcoy lleva tres décadas intentando desarrollar suelo industrial en terrenos de La Canal, en diferentes ubicaciones. Las dos primeras no llegaron a prosperar y entre los problemas está el hecho de contar el acuífero del Molinar en la zona y las posibles afecciones que pudiera tener la implantación de industrias. Ahora está sobre la mesa una tercera propuesta, que ha venido a denominarse Alcoy Sur, contándose actualmente con el Documento Inicial Estratégico (DIE), anteproyecto del citado parque empresarial, y entre las cuestiones que han trascendido es que inicialmente ya excluye 40 actividades concretas, que no podrán implantarse, buscando incrementar la protección del Molinar. 

Así, entre la lista de actividades que no podrían ubicarse en caso de que se desarrollara ese suelo empresarial están desde industria agroalimentaria a papelera, artes gráficas, fabricación de productos químicos, de jabones y detergentes, fabricación de productos de belleza e higiene y de distintos tipos de maquinaria, entre otros. En definitiva, "deben evitar actividades muy contaminantes o con gran producción de aguas residuales", como apuntó la representante de La Carrasca dando lectura al documento. Recordar que, en terrenos más próximos al Molinar, se vetaban hasta 80 actividades industriales. Además, remarcó que la zona de la actuación se encuentra dentro de la Red Natura 2000, "principal figura de protección europea", que según explicó la representante de La Carrasca implica una inviabilidad jurídica para poder actuar.

Por parte de la Cámara, su vicepresidente considera que es posible el desarrollo de suelo empresarial de calidad, que atienda las necesidades de las empresas, y que se blinden los recursos naturales y medioambientales. "Este parque empresarial, con todas las garantías, es fundamental para el desarrollo social, la generación de empleo y la capacidad de generar futuro para las nuevas generaciones de Alcoy y su comarca", remarcó Natxo Gómez, quien añadió que el documento inicial contempla, además de las limitaciones de empresas que pueden implantarse, medidas de control y tratamiento de las aguas pluviales como de las aguas residuales generadas.

Junto a esto, hizo hincapié en que actualmente es imposible encontrar parcelas de un determinado tamaño, por lo que es necesario desarrollar una zona amplia, con son el millón de metros de Alcoy Sur, y remarcó que "debe ser público y compatible con el medio ambiente". De hecho, se plantea como promotor la Generalitat Valenciana.

En sus intervenciones, el vicepresidente de la Cámara de Comercio hizo hincapié en la necesidad de "esperar la definición, las exigencias y los condicionantes que las diferentes administraciones establecerán en los informes que están elaborando para poder tener una opinión de la viabilidad del proyecto". A día de hoy "cualquier afirmación sobre eventuales riesgos adolecerá de rigor, puesto que un análisis realizado hoy no tiene en cuenta elementos que reduzcan el riesgo y protejan nuestros recursos naturales, como ocurrió en su momento con la propia Autovía A-7".
 

En este sentido, Santiago Pastor, técnico de la propuesta de parque empresarial Alcoy Sur, defendió la viabilidad del proyecto y las garantías de protección del entorno natural. Además, hizo hincapié en el momento inicial del proyecto y en la necesidad de su articulación definitiva en función de los criterios y consideraciones de las administraciones involucradas en su tramitación de este proyecto.

Entre los informes pertinentes que están pendientes sobre el proyecto, impulsado por la propia Generalitat Valenciana como entidad promotora, se encuentran los documentos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), así como otros de diferentes departamentos de distintas consellerias y ministerios. Recientemente se tuvo conocimiento del informe elaborado por el departamento de Medio Ambiente y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Alcoy, que considera insuficiente la documentación actual, con objeciones ambientales y paisajísticas, y pone como línea roja la preservación del acuífero del Molinar.

En este sentido, Pastor explicó que la DIE de Alcoy Sur recoge que las consellerias de Industria y Medio Ambiente limiten la actividad de las empresas que en el futuro se pudieran ubicar en estos terrenos próximos al acuífero Barracons-Carrasqueta (Molinar). "A este veto de protección, se suman otras medidas en el documento preliminar, a expensas de otras exigencias preventivas. Las primeras iniciativas recogen la creación de tanques de tormentas para las aguas pluviales para su pretratamiento y su conducción a áreas seguras".

Precisamente, entre el público asistente a la mesa redonda celebrada en la tarde de este lunes en las instalaciones de la Fundación Mutua Levante, estuvieron empresarios, políticos, representantes de entidades económicas, sociales y ecologistas, público en general y vecinos de la localidad de Ibi, que dejaron constancia del malestar existente por el hecho de que se plantee que las aguas residuales, aunque se traten, no vertirán hacia Alcoy, sino que lo harán hacia Ibi, parte opuesta al acuífero del Molinar, concretamente a una rambla que atraviesa todo el término con una flora y fauna propia.

También Júlia Moltó y Enrique Moltó mostraron su preocupación por la posibilidad de que las aguas residuales vayan hacia Ibi, puesto que tendría que bombearse, con el coste que supone, y no tener nunca averías, pues de lo contrario verterían al Molinar, además de considerar que es un área que también debe conservarse. Enrique Moltó explicó las características del terreno y del acuífero y las posibles repercusiones que sobre el Molinar pueden tener fuertes lluvias, como también remarcó que en la zona de Pagos, que contempla el Plan General, el riesgo también es elevado, y Santiago Payá presenta numerosos problemas, que ha quedado demostrado. Ambos consideran que garantizar un vertido cero es prácticamente imposible y desconfían de que las medidas correctoras sean infalibles y nunca presenten problemas.

Entre las cuestiones en las que incidió Júlia Moltó, de la Carrasca, está el hecho de que "no hay un estudio de la demanda, las medidas correctoras supondrá un importante incremento del precio del suelo y se desconoce la viabilidad económica y se encuentra en una zona en la que serán necesarios servicios, como autobús, sin que se sepa nada al respecto".

Júlia Moltó hizo hincapié en la "necesidad de buscar alternativas realistas y dejar de vender humo. La industria necesita actuaciones viables y seguras". Mientras, Gómez recordó que el estudio realizado considera que La Canal es la única área que permite crecer ofreciendo los metrajes que requiere la industria. De hecho, esta propuesta plantea parcelas de hasta 100.000 metros, tratándose de una iniciativa que se plantea como supramunicipal.