ALCOY. La sostenibilidad ya no es una opción, sino una obligación. Con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/1115 sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), y el reciente impulso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, calcular la huella de carbono se ha convertido en una necesidad urgente para miles de empresas.
Este nuevo marco legal exige una mayor transparencia en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tanto en procesos productivos como en cadenas de suministro. De hecho, el artículo 32 de la ley española establece la obligación de calcular y reportar la huella de carbono para determinadas organizaciones, especialmente aquellas con contratos con el sector público o de sectores intensivos en carbono.
A esto se suma la publicación del Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo, que establece la obligación del cálculo de la huella de carbono y de la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta nueva norma refuerza el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO₂ del MITECO, activo desde 2014, y tiene como objetivo integrar la sostenibilidad en las operaciones empresariales y administrativas. La norma marca un antes y un después en la política ambiental española, obligando a muchas empresas a actuar de forma inmediata.
"No se trata solo de cumplir la ley, sino de anticiparse al mercado", señalan desde el área de sostenibilidad en IPYC Consultoría. "Los clientes, los inversores y la administración ya están priorizando a las empresas que demuestran compromiso ambiental. Las que no lo hagan, quedarán fuera de juego".
Ante esta realidad, IPYC Consultoría ofrece un servicio integral de consultoría para el cálculo, verificación y reducción de la huella de carbono. Desde la recopilación de datos hasta la inscripción en el registro oficial, la empresa guía a sus clientes paso a paso en un proceso técnico y regulado.
Además, según indica el nuevo reglamento CBAM, las empresas que importan determinados productos (cemento, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno) deberán declarar la huella de carbono incorporada en sus productos, lo que hace imprescindible contar con una trazabilidad fiable.
Un valor añadido: imagen y competitividad
Más allá del cumplimiento normativo, calcular y reducir la huella de carbono mejora la reputación corporativa, abre puertas a nuevas oportunidades de negocio y permite acceder a líneas de financiación verde o deducciones fiscales vinculadas a la sostenibilidad.
"El futuro es de las empresas que se adaptan y lideran. No hacer nada ya no es una opción", concluye el equipo de IPYC.