ALCOY. La plaza de la Constitución, conocida en Alcoy como La Rosaleda, vive una situación desigual una vez finalizadas las obras que se llevaron a cabo para cumplir una sentencia que obligaba a reponer la zona verde que se perdió tras una reforma. Mientras el parking subterráneo sigue cerrado, el Ayuntamiento prepara la rescisión de la concesión y todo apunta a que el tema acabará judicializándose, la gestión del quiosco existente, para prestar servicio de bar-churrería, sí interesa, por lo que en un breve plazo de tiempo podría estar en marcha.
De momento, la licitación publicada por el Ayuntamiento de Alcoy para la concesión del quiosco ha interesado a tres mercantiles, que han pujado para explotar esta concesión. Maria Teresa Vivar Reyes, Leopoldo José Quintero Avendaño y Nuria Puyol Nadal encabezan las tres mercantiles que han concurrido al proceso. La concesión demanial de este dominio público municipal parte de una licitación al alza, exenta de IVA y que implica una cifra mínima anual de 9.120 euros, que supone 760 euros mensuales. Se plantea para 10 años, por lo que el canon para todo el periodo es de 91.200 euros.
El quiosco dejó de prestar servicio al tener que lleva a cabo unas obras en la plaza que impedían combinarlas y coincidió prácticamente con la finalización del contrato existente. Además del quiosco, el concesionario podrá disponer terraza, según se indica en el pliego.
Abrir el expediente para revolver el parking cerrado
Mientras, el aparcamiento subterráneo sigue cerrado y en el pleno que el Ayuntamiento de Alcoy celebra este viernes se incluye un punto en el que se abordará la "incoación del expediente de resolución del contrato del aparcamiento subterráneo de rotación" de La Rosaleda. A pesar de que el Ayuntamiento comunicó a la adjudicataria, el pasado septiembre, que podía reabrir, nunca se ha llevado a cabo y la concesionaria ha presentado diferentes alegaciones apuntando problemas técnicos que impiden la reapertura.
El mes pasado, un pleno extraordinario inadmitía el recurso de reposición y las alegaciones presentadas por la adjudicataria al acuerdo plenario tomado en enero en el que se le concedían 15 días para que reabriera las instalaciones una vez finalizadas las obras de reforma y después de varios requerimientos. A favor de la inadmisión votaron PSOE, Compromís y Guanyar Alcoi, contando con la abstención de PP y Vox. A partir de ahí el proceso pasaba por notificar el acuerdo a la adjudicataria y ya en el pleno que se celebrará el viernes se abordará abrir el expediente para resolver el contrato. El gobierno municipal teme que el tema acabe en el Juzgado, por parte de la concesionaria, lo que aún dilataría más el proceso. De momento, el gobierno no ha confirmado qué proceso se seguiría en caso de recuperar la concesión del aparcamiento, si habría una nueva licitación o la gestión pasaría a ser municipal, como pide Guanyar Alcoi.
Recordar que la remodelación de La Rosaleda fue uno de los primeros proyectos que puso en marcha el gobierno municipal del PP, en el año 2001, adjudicado en su momento a Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa. El proyecto contó con voces en contra desde el primer momento y tanto vecinos como la Colla Ecologista La Carrasca siempre incidieron en que se estaba incumpliendo la legalidad vigente en cuanto a zona verde, dándoles la razón el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en 2005, cuando aún gobernaban los populares, que estuvieron al frente de la alcaldía de Alcoy hasta el año 2011.
Las obras para cumplir la legalidad han supuesto una inversión de 4.372.809,13 euros, IVA incluido, a cargo de las arcas municipales, rebajando la rasante para ganar la zona verde necesaria.
