ALCOY. La situación del parking subterráneo de La Rosaleda, en Alcoy, cerrado más de un año después de finalizar las obras de remodelación de la plaza superior y que afectaron al aparcamiento, suma un nuevo capítulo. Este viernes un pleno municipal extraordinario ha desestimado las alegaciones presentadas por la concesionaria y ha aprobado remitir el expediente al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para continuar el procedimiento de resolución del contrato. El punto ha sido aprobado con los votos a favor del PSOE, Compromís y Guanyar Alcoi y la abstención de PP y Vox.
La concesión fue adjudicada en 2001 a la unión temporal formada por Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, y Autobuses Playa de San Juan. El contrato comprendía la redacción del proyecto, la construcción y la posterior explotación del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Constitución, conocida como La Rosaleda. Tuvo que cerrar en marzo de 2024 para ejecutar un proyecto de remodelación de la plaza superior para cumplir una sentencia, que había declarado ilegal esta obra ejecutada durante la etapa de gobierno del PP al incumplir la normativa en lo que respecta a zonas verdes. La obra ha costado 4,3 millones de las arcas municipales y desde septiembre del pasado año tienen licencia para poder reabrir, si bien no lo han hecho.
La propuesta remitida al órgano consultivo plantea resolver el contrato por incumplimiento culpable de la adjudicataria, con incautación de la garantía definitiva depositada. No obstante, el acuerdo adoptado este viernes todavía no supone la extinción definitiva de la concesión. Antes de tomar esa decisión, el Ayuntamiento debe disponer del dictamen del Consell Jurídic Consultiu, obligatorio al existir oposición de la contratista, aunque sus conclusiones no son vinculantes.
El consistorio se apoya en tres motivos para resolver el contrato, como son deficiencias graves en el mantenimiento de las instalaciones, la alteración de la composición de la unión temporal de empresas adjudicataria sin autorización municipal previa y el incumplimiento de la orden de reanudar la explotación del aparcamiento tras la reforma, con diferentes requerimientos.
Según se informó en su momento, la empresa negó que hubiera incurrido en un incumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento y defendió que existían problemas técnicos de seguridad que impedían reabrir el aparcamiento. También sostuvo que el cambio empresarial comunicado al Ayuntamiento respondía a una operación de sucesión empresarial y no a una cesión contractual que necesitara autorización previa. Alegaciones que mantiene a lo largo del tiempo.
La concesionaria solicitó, además, que se paralizara el procedimiento mientras se resolvían las cuestiones judiciales planteadas, si bien el tribunal ha denegado la medida cautelar de suspensión.
Mientras, el Ayuntamiento mantiene abiertas dos posibilidades para reabrir el parking en caso de que finalmente se rescinda el contrato, que pasan por sacar una nueva licitación o llevar a cabo una gestión directa de las instalaciones.
