MUTXAMEL. La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones en materia de ordenación del territorio, ha investigado a un total de 29 personas por su presunta implicación en un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, relacionado con la construcción de viviendas ilegales en suelo no urbanizable en la partida de Baiona Alta, término municipal de Mutxamel.

La investigación se inició en el mes de febrero, cuando la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Jijona obtuvo información sobre posibles construcciones irregulares en una zona rústica del municipio. Tras desplazarse al lugar, comprobaron que se trataba de una parcela de más de 34.000 metros cuadrados, clasificada como suelo no urbanizable.

Durante la inspección, los agentes observaron que el terreno había sido dividido en 16 subparcelas, algunas de ellas posteriormente nuevamente fraccionadas, y que en su interior se habían instalado casas móviles o mobil homes sin contar con ningún tipo de licencia urbanística.

Detrás de esta promoción ilegal se encontraba una mujer de 41 años, que actuaba como intermediaria y que ya contaba con antecedentes por hechos similares. La mujer figuraba en la escritura pública de compraventa como mandataria verbal del vendedor, confiando en su gestión.

Los compradores habían adquirido un porcentaje o participación del terreno total lo que implicaba también la copropiedad de las subdivisiones ilegales del terreno.

Tras meses de investigación, desde febrero hasta el pasado mes de diciembre, el SEPRONA ha investigado a la intermediaria y a 28 personas más, con edades comprendidas entre 26 y 72 años, todos ellos propietarios actuales de las parcelas segregadas ilegalmente.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de San Vicente del Raspeig, y se han realizado gestiones con la autoridad municipal competente.

La Guardia Civil alerta de que adquirir una vivienda ilegal no solo implica la posibilidad de perder el dinero invertido, sino también exponerse a sanciones, órdenes de demolición y graves problemas legales. Además, este tipo de construcciones irregulares carecen de garantías técnicas y urbanísticas, lo que puede ocasionar daños materiales severos y dificultar el acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad o el saneamiento.