VALÈNCIA/XIXONA.- El auto de 3 de agosto de 2026 que cierra la instrucción de la pieza del Caso Azud y abre el procedimiento abreviado dedica un amplio apartado a la operación urbanística del PAI El Espartal, en Xixona, y señala como investigada a la entonces alcaldesa, Rosa María Verdú, del PP. La resolución considera que los hechos investigados respecto de ella presentan relevancia penal y por ello acuerda procesarle junto a otros 38 investigados, entre ellos, el empresario Jaime Febrer.
El juez instructor reconstruye una operación que, según el relato indiciario del auto, comenzó cuando el empresario Jaime Febrer presentó en mayo de 2005 la primera alternativa técnica para desarrollar El Espartal. El proyecto pretendía transformar una extensa superficie de suelo para permitir la construcción de viviendas, un campo de golf y otros usos.
La exigencia de incluir los terrenos de la alcaldesa
Según el auto, Verdú y el entonces concejal Francisco Domenech Asensi exigieron a Febrer que modificara la alternativa inicial para incluir, entre otros, 27.542 metros cuadrados propiedad de la alcaldesa y de sus familiares.
La superficie que debía incorporarse al PAI ascendía a 2,25 millones de metros cuadrados, incluyendo además terrenos de Invemi y de la familia Llorens Rovira. El auto afirma que ambos responsables municipales exigieron también que sus terrenos fueran valorados a un precio superior al del resto de propietarios.
La operación tuvo una consecuencia directa: el 22 de noviembre de 2005, el Ayuntamiento de Xixona y la empresa de Febrer, Construcciones Valencia Constitución (CVC), firmaron un convenio de colaboración para la gestión del suelo y la tramitación del concierto previo. El documento fue firmado por Rosa Verdú y Jaime Febrer.
El auto añade un dato relevante: el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que autorizó a la alcaldesa a firmar aquel convenio fue posteriormente recurrido y declarado nulo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante mediante la sentencia 212/2007.
27.542 metros cuadrados vendidos por casi medio millón de euros
Uno de los episodios más concretos que recoge la resolución es la compraventa de las parcelas de Verdú y su familia.
El auto sostiene que Febrer no podía comprar directamente los terrenos porque era el promotor del PAI y que, por ello, se utilizó como intermediaria a Zona Park SL. El 22 de diciembre de 2005, esta sociedad compró a Rosa María Verdú y sus familiares la parcela catastral 181 del polígono 9 de Xixona, con 27.542 metros cuadrados, por 495.756 euros más IVA, es decir, unos 18 euros por metro cuadrado.
La resolución sostiene que el dinero utilizado por Zona Park procedía directamente de CVC y que, dos días antes de la compraventa, se había formalizado un préstamo entre ambas sociedades. Posteriormente, en noviembre de 2006, Espacios Urbanos de Jijona, sociedad controlada por el Grupo Axis, adquirió esos mismos terrenos a Zona Park por 619.092 euros IVA incluido.
La campaña electoral de 2007, pagada por el promotor
El segundo gran episodio relacionado directamente con Verdú es su campaña electoral para las municipales de 2007.
El auto afirma que, además de exigir la inclusión de sus terrenos en el PAI, la alcaldesa exigió a Jaime Febrer que asumiera los gastos de su campaña electoral para adoptar determinadas decisiones administrativas, entre ellas el acuerdo de intenciones con Acuamed.
Según la resolución, Febrer se reunió personalmente en marzo de 2007 con María José Ortells, directora de comunicación del Grupo Engloba, para encargar la gestión de la campaña de Verdú. Engloba recurrió a Wic Imagen y Comunicación SL para ejecutar los trabajos.
El 29 de octubre de 2007 Wic facturó a CVC 87.204,14 euros por los trabajos. Los investigadores localizaron los presupuestos en el domicilio particular de Rosa María Verdú. El auto detalla que incluían una fiesta popular, meriendas, talleres infantiles, exhibiciones de bailes de salón, sobres y folletos.
Además, CVC conservaba un CD denominado «Campaña PP Xixona 2007», en el que se reflejaban los actos sufragados. La resolución afirma que esos gastos no fueron comunicados al PP ni declarados por el partido como gastos electorales. El auto añade que, en 2005, Febrer había regalado a Verdú un bolso de Loewe.
El agua, la otra pieza clave del PAI
La investigación también conecta a la alcaldesa con las gestiones para resolver el problema de los recursos hídricos que amenazaba con bloquear El Espartal.
El auto explica que las alternativas inicialmente manejadas —incluido el suministro de Bonisa— resultaban insuficientes y que el proyecto necesitaba una solución que pasaba por un convenio con la sociedad estatal Acuamed para ampliar la desaladora de Mutxamel-Campello y garantizar el abastecimiento necesario para el desarrollo urbanístico.
En ese contexto, según la resolución, Jaime Febrer y José Luis Vera Llorens comenzaron a trabajar en un acuerdo entre Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona. Buena parte de las reuniones se celebraron en la sede del Grupo Axis.
El 5 de enero de 2007, la alcaldesa se reunió en la sede de Axis con responsables de Acuamed, Febrer y Vera para perfilar el negocio. Seis días después, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el acuerdo de intenciones, que fue firmado por Rosa María Verdú y el director general de Acuamed, Adrián Baltanás.
La resolución sostiene que los documentos que sirvieron para preparar el acuerdo habían sido modificados por personal de Axis para adaptarlos a los intereses del grupo empresarial. También afirma que el documento firmado por la alcaldesa no apareció posteriormente en el expediente administrativo municipal, algo que el instructor atribuye a Verdú.
Además, el auto destaca que el acuerdo fue aprobado pese a los informes desfavorables del interventor y del secretario municipal, que lo consideraban contrario al interés general y entendían que implicaba gastos para el Ayuntamiento en un asunto que no respondía al bien común. El convenio definitivo entre Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona se firmó finalmente el 8 de febrero de 2008, aunque nunca llegó a ejecutarse.
Un PAI que terminó frenado con el cambio de gobierno
El relato del auto acaba mostrando también el desenlace político de la operación. La resolución recoge que en octubre de 2007 se rescindió el contrato entre Gigante Edificaciones y Obras y Vera Llorens alegando como causa que el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Xixona no iba a desarrollar el PAI El Espartal. Al día siguiente se resolvió también el contrato entre Gigante y Espacios Urbanos de Jijona.
