MADRID. (EUROPA PRESS). Expertos en derechos humanos han reclamado un marco legal para proteger a las personas mayores de la discriminación por razones de edad. Así se ha puesto de manifiesto en una jornada organizada por la Fundación HelpAge International España en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid.
El encuentro se ha centrado en los avances hacia una convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores, el II Plan Nacional de Derechos Humanos de España, el acceso a la justicia, la elaboración de una Estrategia de Personas Mayores en el marco de la Unión Europea y la lucha contra el edadismo.
El evento ha comenzado con una conferencia inaugural a cargo de Claudia Mahler, experta independiente sobre los derechos humanos de las personas de edad y ha destacado la ausencia de un instrumento internacional que aborde específicamente la discriminación por razón de edad.
Como consecuencia, ha señalado que las personas mayores no son consideradas una prioridad en situaciones de emergencia, violencia o en la defensa de su autonomía. Ha subrayado la necesidad de contar con una herramienta legal para combatir esta forma de discriminación. Además, ha mencionado la situación de las personas con discapacidad, quienes disponen de una convención internacional que les permite desarrollar soluciones y dialogar con los gobiernos. En contraste, ha enfatizado que, sin un marco legal similar, las personas mayores enfrentan grandes dificultades para hacer valer sus derechos y entablar un diálogo efectivo con las autoridades.
La primera de las dos mesas del evento se ha celebado bajo el título 'El marco internacional de los derechos'. En esta sesión ha participado Nena Georgantzi, responsable de Derechos Humanos de AGE Platform Europe, quien ha destacado la importancia de que la Unión Europea combata la discriminación por razón de edad.
Ha mencionado iniciativas positivas, como el Libro Verde sobre Envejecimiento y la Estrategia Europea de Cuidados, pero subrayó la necesidad de desarrollar una estrategia de justicia intergeneracional que incluya medidas concretas contra el edadismo. También ha alertado sobre la importancia de no retirar la propuesta directiva de la Unión Europea que protege contra la discriminación por razón de edad en el acceso a bienes y servicios, recordando que se anunció recientemente su retirada oficial.
Vânia de la Fuente, corredactora del Informe Mundial sobre Edadismo de la OMS, ha relatado la relevancia de este documento en la visibilización del problema del edadismo. Ha explicado que, antes de su publicación, no se comprendía la magnitud del fenómeno, pero ahora se cuenta con cifras concretas: en España, el 45% de la población considera que las personas mayores sufren discriminación.
Sin embargo, ha advertido que muchas personas no perciben esta problemática como grave, a pesar de sus consecuencias en la salud, el bienestar social y el aumento de la soledad. Finalmente, Idoia Mendía Cueva, Eurodiputada en el Parlamento Europeo, ha puesto el énfasis en la necesidad de una visión integral en las políticas relacionadas con las personas mayores, incluyendo áreas como el empleo, la vivienda y los derechos de los consumidores. Ha indicado, Asimismo, que estos temas aún no están suficientemente representados en la estrategia europea y alentó a los asistentes a contribuir a su desarrollo a través de la web de Glenn Micallef, quien actualmente está dando sus primeros pasos en la elaboración de esta estrategia.
En segunda mesa, 'La implementación y el marco nacional de los derechos', Avelina Alía Robles, fiscal adscrita a la Fiscal de Sala de Protección de las Personas con Discapacidad y Atención a los Mayores, ha abordado los derechos fundamentales de las personas mayores, como la libertad, la salud y el acceso a la justicia. Como preocupaciones, ha apuntado la actitud de los familiares en temas de salud y la falta de reconocimiento de la sexualidad en la vejez, destacando que, en algunas residencias, las personas mayores han sido separadas por protocolos internos.
Maltrato asistencial
También ha subrayado los desafíos para el acceso al derecho a la justicia, y que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ha incorporado nuevos planes para abordar el maltrato hacia las personas mayores. Sin embargo, persisten preocupaciones en torno a la falta de reconocimiento del maltrato asistencial y el hecho de que los delitos de odio y discriminación no estén contemplados específicamente en el Código Penal.
Además, se ha destacado una problemática "alarmante" como el hecho de que el 93% de los abusos bancarios afectan exclusivamente a las personas mayores, evidenciando su situación de vulnerabilidad en este ámbito.
Por su parte, Eduardo Ramón Merino de Mena, Subdirector Adjunto de la Oficina de Derechos Humanos, ha hablado sobre el Examen Periódico Universal (EPU) de 2020, en el que, de 250 recomendaciones, solo una hizo referencia a las personas mayores, y esta se limita a un ajuste social para garantizar sus derechos. Sin embargo, este año España vuelve a someterse al EPU, por lo que será importante estar atentos a las recomendaciones de este ciclo.
No obstante, ha destacado el liderazgo de España en este ámbito desde una perspectiva de derechos humanos, impulsando un instrumento jurídicamente vinculante para la protección de sus derechos. Finalmente, Teresa Jiménez-Becerril, adjunta del Defensor del Pueblo, ha profundizado en las principales consultas que las personas mayores presentan ante esta institución. Ha subrayado la falta de legislación específica para este grupo y también ha enumerado las principales preocupaciones planteadas por las personas mayores, entre ellas: estafas telefónicas, suplantación de identidad, condiciones en centros residenciales, acceso a la sanidad, pensiones, exclusión financiera, protección de la autonomía personal y situaciones de dependencia.
