VALÈNCIA (EFE). Las grandes inmobiliarias tendrán derecho a solicitar una compensación por el perjuicio que le haya ocasionado la suspensión del desahucio de una familia vulnerable sin contrato de arrendamiento, una vez transcurridos los tres meses que tendrá la administración para ofrecer a esa familia una solución habitacional.

Así consta en la propuesta de decreto-ley antidesahucios que ha llevado hoy el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y que está sujeta todavía a aportaciones de otros ministerios.

Según texto, al que ha tenido acceso Efe, la compensación consistirá en el precio medio de alquiler en el entorno en el que se ubique el inmueble, lo que será determinado a partir de los índices de referencia, más los gastos corrientes de la vivienda asumidos y acreditados por el arrendador en el período que medie entre la suspensión del desahucio y su levantamiento.