ALICANTE. Controversia zanjada, al menos de manera temporal. El Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria han cerrado finalmente este lunes un principio de acuerdo por el que se garantiza la continuidad del funcionamiento de la estación provisional de autobuses en el recinto portuario tras concretarse la aplicación de un incremento de tasas bonificado. En concreto, en virtud de ese acuerdo, el Ayuntamiento ha registrado ya una solicitud de autorización sobre la ocupación de la parcela propiedad del Puerto con una duración de seis meses, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. En ese periodo, se deberá tramitar la petición de una concesión, lo que conlleva procurar mayor estabilidad sobre el uso de la parcela al extenderse durante un plazo mayor, de varios años.
En cualquier caso, con esa salida preacordada se mantienen dos condiciones básicas. En primer lugar, el edificio de la terminal revierte en favor del Puerto, como se preveía en el convenio suscrito en 2006 para el momento de su vencimiento. Es decir, justo ahora tras la ampliación de su duración inicial (se firmó originariamente por un plazo de 10 años) y la ejecución de su última prórroga, de seis meses. En segundo lugar, el acuerdo conlleva la aplicación de una revisión de las tasas que deberá abonar el ayuntamiento, por un importe próximo a los 200.000 euros, después de que hayan permanecido invariables en los últimos 14 años. Hasta el momento, esas tasas ascendían a cerca de 60.000 euros anuales. En ese nuevo importe revisado, según fuentes portuarias, ya se aplicar una bonificación del 50% que rigen para actividades ligadas a administraciones públicas.
El Ayuntamiento retira el contencioso para mantener el funcionamiento de la estación tras lograr que se suspendiese temporalmente el acto de la firma de la reversión de la estación
De este modo, en lo que resta de 2020, el Ayuntamiento tendría que abonar 100.000 euros por los seis meses que restan en este ejercicio. No obstante, sobre ese importe también se aplica una bonificación extraordinaria del 60% acordada como medida de estímulo a la actividad empresarial desarrollada en el Puerto con motivo de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, lo que supondrá que hasta el próximo 31 de diciembre el Ayuntamiento solo tenga que abonar en torno a 40.000 euros.
El principio de acuerdo se ha alcanzado tras el desarrollo de un encuentro entre el alcalde, Luis Barcala, el edil de Transportes, Manuel Villar, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbe. Esa cita se vio precedida este mismo lunes por la retirada del contencioso presentado por el Ayuntamiento para tratar de mantener la actividad de la estación. De hecho, el ayuntamiento había logrado que el Juzgado de lo Contencioso número 4 acordase, el pasado viernes, la suspensión cautelar del acto por el que se preveía firmar el acuerdo de reversión de la estación, convocado para este miércoles. En virtud de esa resolución, este martes, día 30, debía celebrarse una vista para escuchar a ambas partes, en la que se podía mantener la suspensión de la reversión de la estación o permitir que se produjese la firma.
No obstante, las conversaciones mantenidas entre Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria el viernes permitieron acercar posturas en busca de un entendimiento que ha fraguado finalmente este lunes, tras la renuncia municipal a mantener el litigio sobre la vigencia del permiso de ocupación de la parcela. Así, la salida alcanzada permite que el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria puedan sumar la participación de la Generalitat a la hora de asumir parte del importe de las nuevas tasas, al tratarse de la administración que ejerce las competencias sobre el funcionamiento del transporte comarcal. Todo, mientras se sigue a la espera de que se pueda construir la estación intermodal definitiva en terrenos de Adif, que sigue sin fecha conocida. Por lo pronto, el acuerdo de reversión del edificio de la terminal en favor del Puerto se firmará este martes, según fuentes municipales.
Por su parte, el grupo municipal socialista ha reaccionado a la negociación de ese acuerdo. A través de un comunicado, su portavoz Paco Sanguino ha afirmado que "el señor Barcala no tenía más remedio que renunciar a la batalla judicial por la estación de autobuses y negociar una nueva concesión con el Puerto porque ha sido incapaz de reaccionar para buscar una solución pese a haber sido advertido por el PSOE en marzo". "La mala gestión realizada con la estación de eutobuses por el alcalde va a provocar graves perjuicios para Alicante: primero, la ciudad tendrá que pagar mucho más dinero de los contribuyentes porque no es posible una prórroga más como ya advertimos; segundo, la imagen de la ciudad vuelve a estar por los suelos y tercero, a partir del día 30, tendremos el extraño honor de que el Ayuntamiento sea 'un okupa' en los terrenos del Puerto de Alicante", añade el comunicado.
En esta línea, el PSOE ha incidido en que en marzo ya se advirtió "que había que buscar una solución porque el convenio de la Estación de Autobuses, ubicada en terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria, expiraba el 30 de junio. El señor Barcala lo sabía ya el 18 de octubre de 2019 y no lo incorporó a los presupuestos, con lo cual demuestra que los presupuestos ya nacían falseados".
A juicio del PSOE, "desde octubre no ha hecho nada pese a que el PSOE le advirtió por activa y pasiva que el 30 de junio de 2020 expiraba el plazo, que se pusiera a trabajar y en buscar una solución para que Alicante no se quedara sin Estación de Autobuses. Pero no ha hecho nada, amenazar con ir a los juzgados y luego tener que dar marcha atrás, dando así un paso en falso vergonzoso y ridículo, cuando el gabinete jurídico municipal le ha debido decir que se deje de bravatas".
Según el PSPV-PSOE, "por el camino, ha ridiculizado a su concejal de Transportes, Manuel Villar, que en marzo aseguraba que estamos en negociaciones con la Autoridad Portuaria para ver cómo renovamos ese convenio y cuáles serán sus términos concretos, en cuestiones como el nuevo plazo autorizado, cuando Barcala sabía perfectamente que ya no podía haber más prórrogas. Incluso en el pleno del 25 de junio al propio edil le tocó la papeleta de defender lo indefendible, cuando Sanguino preguntó sobre el estado de las negociaciones con la Autoridad Portuaria".
El comunicado incide en que "Villar culpó al presidente del Puerto de no querer negociar. Pero es que en el mismo pleno incluso Barcala afirmó que Sanguino solo defendía la tesis del Puerto, que no era la tesis amparada por los técnicos municipales. ¿Y ahora qué tiene que decir? ¿Ahora quién tiene la culpa, el gabinete jurídico municipal? Evidentemente, no".
Sanguino ha asegurado que ahora "el Ayuntamiento simplemente está haciendo lo que debería haber hecho desde un principio: cumplir la ley y defender los intereses de los ciudadanos. No han negociado nada, esto lo podían haber acordado hace seis meses. Barcala ha sido un irresponsable amenazando con judicializar a costa de nuestro bolsillo en lugar de poner por delante lo más importante, que son los ciudadanos, los servicios municipales y el empleo directo e indirecto que ofrece la Estación de Autobuses de Alicante".
Por último, ha asegurado que "a Barcala parece ser que no le importa despilfarrar el dinero de los alicantinos y alicantinas. Barcala no solo ha puesto en juego los gastos mayores por tener que realizar una nueva concesión que costará más dinero, sino que ha puesto en juego los ingresos que percibe la contrata de autobuses que explota este recinto. Es la manera de actuar de un alcalde prepotente que ha causado un lío absurdo y caprichoso", concluye el comunicado.