Alicante valida la ordenanza del agua y congela el sueldo a los ediles entre una batalla por la Memoria

ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves de forma inicial la ordenanza reguladora del servicio de abastecimiento de agua potable y conservación de contadores, además de la congelación de los sueldos de los 29 concejales, en una sesión que se ha visto salpicada desde su mismo inicio por la polémica suscitada en torno a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, a colación de la declaración institucional promovida por urgencia por el grupo municipal de Vox en la que se plantea expresar el rechazo de la corporación a su aplicación y que se manifieste la oposición del Ayuntamiento a la retirada de la Cruz de los Caídos situada entre las avenidas de Doctor Gadea y Federico Soto.

En primer término, respecto a la ordenanza del servicio de abastecimiento, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha explicado que trata de adaptar la prestación a la normativa legal sin que suponga ninguna modificación sobre las tarifas actuales, aprobadas en enero de 2022. Además, ha apuntado que, por primera vez, se introduce el automatismo en la fórmula polinómica sobre la revisión de las tarifas para adaptarla a los precios de adquisición del agua aportada por Acuamed.

En el turno de intervenciones, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, se ha limitado a expresar su reconocimiento a la labor de los técnicos por la complejidad del texto. Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, ha incidido en la defensa de sus enmiendas, que quedaron parcialmente desestimadas en la comisión de Hacienda, en alusión a la petición de que no se incluyese el automatismo en la revisión tarifaria sin pasar por una aprobación plenaria. La edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, ha anticipado su voto de abstención, después de expresar su respaldo a las enmiendas promovidas por el PSOE para extender los posibles beneficiarios de exenciones en el pago de los recibos para abonados con dificultades económicas. La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha insistido en la justificación de la necesidad de esas enmiendas para que pudiese ampliarse el alcance de las bonificaciones.

En el turno de votación, se ha desestimado las enmiendas reproducidas en la sesión con los 16 votos de PP, Cs y Vox. Así, la ordenanza ha quedado aprobada con esa misma mayoría y la abstención de los 13 concejales de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.

En segundo término, también se ha aprobado la propuesta formulada por el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, para dejar sin efecto la actualización de las retribuciones de los 29 concejales de la corporación al incremento previsto para el conjunto de los funcionarios públicos. El edil de Recursos Humanos, José Ramón González, ha sostenido que se trataba de una medida con la que se trata de dar ejemplo de contención ante el contexto socioeconómico actual, marcado por la inflación y la crisis energética.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha refrendado la conveniencia de la medida con argumentos similares. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha sostenido que la propuesta no ayuda a la política tras defender que "la democracia cuesta dinero" y ha lamentado que se trata de hacer demagogia con los sueldos. En todo caso, tras asegurar que Compromís "no habría traído esta propuesta", ha anticipado su voto a favor "para no generar ruido con esta cuestión", aunque ha dicho que entendía que otras formaciones podían abstenerse. Por Unides Podem EU, Xavier López, también ha asegurado que "esta es otra iniciativa tramposa y manipuladora" y ha asegurado que fue el bipartito el primero que planteó un incremento de los sueldos de los concejales en el inicio de este mandato. "Ahora nos traen una propuesta que lo que viene a ahorrar en esa ejemplaridad son 50 euros al mes, cuando nosotros planteamos una iniciativa de rebaja de las retribuciones que podía haber supuesto un ahorro de 180.000 euros al año", ha incidido. Así, aunque ha anticipado su voto a favor, ha considerado que la iniciativa solo tiene el objetivo de "hacer la contra" al Gobierno central y al Consell.

Por el PSOE, Miguel Millana, ha abundado en argumentos parecidos y ha sostenido que el bipartito "trae esta iniciativa para tapar su incapacidad de gestión". "Es un gesto de antipolítica", ha resumido, tras reprochar que PP y Cs no se centren en gestionar para procurar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Así, ha sostenido que el PSOE defiende los sueldos dignos también en la política.

En la réplica, Ortolá ha reconocido la propuesta de Unides Podem EU sobre la rebaja de sueldos, aunque ha señalado que "cada concejal es libre de renunciar a parte" de sus emolumentos. Después, ha aludido con ironía a las retribuciones percibidas por Millana por su condición de diputado provincial al asegurar que "usted valora la política mucho; pero mucho, mucho". Millana ha insistido en tildar la iniciativa de demagógica y ha lamentado que se trate de personalizar.

Por último, González ha abundado en el contexto socioeconómico para recriminar a Millana que les acuse de demagogia tras personalizar en él el importe de sus retribuciones, al señalar que percibe "85.000 euros" y añadir que, en este tema, "su interés solo es ganar más". A la postre, el acuerdo ha prosperado con los votos de PP, Cs, Vox, Unides Podem y Compromís y el único rechazo de los nueve concejales del PSOE.

Disputa sobre Vox y la Memoria Democrática

Esos primeros acuerdos se han alcanzado después de que se desencadenase un enfrentamiento dialéctico en torno a la declaración institucional presentada por Vox sobre la Ley de Memoria Democrática. Tras el inicio de la sesión, con el minuto de silencio habitual en señal de duelo por las víctimas de la violencia de género registradas desde la celebración del pleno de octubre, se ha iniciado una discusión sobre la admisión a trámite de esa declaración institucional de urgencia en la que se plantea el rechazo del Ayuntamiento a la Ley de Memoria Democrática y la oposición a la retirada de la Cruz de los Caídos situada entre las avenidas de Doctor Gadea y Federico Soto. 

Los portavoces de Unides Podem EU, Xavier López; de Compromís, Natxo Bellido, y del PSOE, Miguel Millana, han planteado -por ese orden- que se convocara una junta de portavoces de urgencia para debatir sobre la posibilidad de que no se admitiese la presentación de esa propuesta al entender que su redacción atentaba contra representantes políticos como la consellera de Participación, Rosa Pérez, y sobre los seguidores de la ideología comunista, a los que se atribuye la comisión de miles de asesinatos. López ha incidido en que la propuesta había superado todos los límites de lo admisible por lo que ha solicitado un debate previo para que no llegase a debatirse sobre ella. 

El alcalde ha sostenido que esa junta de portavoces se celebraría en el receso de la sesión, lo que ha suscitado el rechazo de los tres grupos del eje progresista, pese a que el secretario municipal ha especificado -en respuesta a la consulta formulada por Unides Podem EU- que no podía bloquearse una iniciativa por su contenido ideológico.

Con todo, en cuanto se ha planteado el primer turno de intervención del portavoz de Vox, Mario Ortolá, en relación a la ordenanza reguladora del servicio de suministro,  los 13 concejales de PSOE, Unides Podem EU y Compromís se han levantado de sus escaños para mostrar carteles con la leyenda "Barcala cómplice de todo" en los que han recriminado que el primer edil no hubiese accedido a su solicitud.

Esa no ha sido, además, el único gesto de protesta registrado en el transcurso de la sesión, ya que también se ha sumado la desplegada por un grupo de trabajadores municipales, al grito de "Barcala, cumple tu palabra", para reclamar la puesta en marcha del sistema de ascensos que conlleva el desarrollo de la carrera profesional, todavía en fase de negociación desde que se produjo el compromiso explícito del primer edil de propiciar su implantación, alcanzado durante la campaña de las municipales de 2019.

Al margen de esas protestas, antes de que se haya dado inicio a la sesión, el mismo alcalde ha dado publicidad a las disculpas solicitadas a las asociaciones gitanas por la expresión realizada en el transcurso del pleno de octubre, cuando aseguró que un edil de la oposición trataba de "gitanear" tiempo adicional para desarrollar su intervención. Barcala ha señalado que ya había solicitado disculpas a las entidades representativas del colectivo gitano y que correspondía hacerlas públicas en el pleno, tras asegurar que no era su intención ofender a nadie. 

En la sesión también se ha aprobado la declaración de especial interés municipal y concesión de beneficios fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles, a la actividad económica desarrollada por el Ateneo Científico Literario y Artístico de Alicante, la aprobación definitiva de la Modificación Puntual número 1 del Plan Especial de Reforma Interior del Sector APD/2 "Cerámica Santo  Tomás" y la admisión de la competencia municipal para desarrollar el programa Menjar a casa por delegación de la Generalitat. En los tres casos, los acuerdos han prosperado por unanimidad.