Una de las viviendas cedidas a través del proyecto.ALICANTE (EFE) El Ayuntamiento de Alicante ha retirado de sus presupuestos un programa de viviendas para personas sin hogar con problemas de adicciones, salud mental o discapacidad que, con el nombre de Housing First, se ha desarrollado durante dos años. En este periodo el ayuntamiento no ha abonado las partidas presupuestadas establecidas, que ascienden en total a 267.903 euros, según han detallado a Efe fuentes de las ONG que lo gestionan, Hogar Sí y Provivienda.
El director de Hogar Sí en España, José Manuel Caballol, ha indicado que esta cantidad, correspondiente a los presupuestos fijados para 2018 y 2019, ha sido sufragada íntegramente por las ONG. Fuentes del Ayuntamiento de Alicante han confirmado a Efe esta situación: "Intervención paralizó este programa en 2018 y 2019 por encontrar que no estaban justificados los gastos de 2017", han aseverado, "y en 2020 no se ha presupuestado ninguna partida".
Por estos motivos, el director de Hogar Sí en España ha adelantado que se han visto obligados a cerrar el programa "a finales de junio" por no poder seguir costeando los gastos y que reclamarán, "por la vía administrativa o por cualquier otra" que esté a su disposición, "las cantidades pendientes de pago".
Caballol ha continuado señalando que se sienten "engañados" por el Ayuntamiento de Alicante que, a su juicio, les ha dejado "tirados" y no les ha dado "ninguna oportunidad de defender el proyecto". Igualmente, ha manifestado su preocupación "por el destino de las siete personas" que actualmente resultan beneficiarias de este programa, "que tendrán que volver a la calle a pesar de que arrastran patologías como adicciones, salud mental o discapacidad".
Hogar Sí promueve 400 viviendas en 18 municipios de toda España, repartidos entre diez comunidades autónomas, ha explicado Caballol. En la Comunitat Valenciana, este programa se realiza en València y Alicante y consiste en la selección de personas que viven más de tres años en la calle sin hogar, a los que, tras un proceso de petición y un sorteo aleatorio, se les asigna una vivienda.
En el caso de Alicante, Caballol ha recordado que el convenio se firmó en 2017 con el tripartito de PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís que entonces gobernaba la ciudad. Este acuerdo comprendía diez viviendas, en las que actualmente residen siete personas. La organización tiene en plantilla a dos trabajadores que realizan las labores de supervisión.
Parte de estos gastos procedía de las arcas municipales y otra parte se financiaba mediante la convocatoria de ayudas a cargo del IRPF de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, una ayuda que el gabinete de Mónica Oltra está tratando de ampliar, también para el programa Housing First, según han confirmado fuentes de la conselleria.
"Un informe de la Intervención municipal señaló que había problemas en los gastos presentados en el ejercicio de 2017", ha asegurado Caballol. "Sin embargo, ni nos han indicado qué conceptos o cantidades estaban mal ni nos han pedido que devolvamos el dinero". Las ONG continuaron con su labor durante los dos años siguientes, en los que había consignada una asignación a este programa. Según los datos que maneja Hogar Sí, estas partidas fueron de 128.706 euros para 2018 y de 139.197 para el año siguiente.
Pero en 2020, "lo único que nos encontramos es que han retirado las partidas presupuestarias de los años anteriores y que no han asignado nada este año", sin que se les haya notificado "el cierre del servicio", ha dicho el director de la ONG. Caballol ha manifestado que han pedido una solución "para que las siete personas afectadas no tengan que volver a la calle".
Ha declarado que el Ayuntamiento les "ha ofrecido" como solución derivar a los beneficiarios a los "servicios de emergencia creados a partir de la pandemia de Covid-19", es decir, "puestos en albergues comunes en los que no nos aseguran que haya plazas y que cerrarán", en su opinión, en cuanto pase el estado de alarma. "Estamos buscando alternativas", ha adelantado el responsable de Hogar Sí, "porque estas personas no pueden volver a la calle ni compartir alojamientos comunes". "Tres de los usuarios iniciales, de un total de diez, fallecieron en sus casas", ha lamentado Caballol, "lo que indica la precaria situación que arrastran cuando se les asigna una vivienda".
