La edil de Hacienda, Sofía Morales, en un pleno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante aprobó este miércoles una revisión de la tasa de los puestos de los mercados municipales con un incremento medio del 33%. El aumento, en realidad, no supondrá un esfuerzo "inasumible" para los concesionarios, ya que se traduce en subidas de entre 7 y 12 euros, según los casos, según explicó la edil del área, Sofía Morales (PSOE).
El acuerdo se alcanzó con el respaldo de todos los grupos con representación municipal: PSOE, Guanyar, Compromís, PP y C's. Todos coincidieron en la necesidad de ajustar unos precios que prácticamente habían permanecido sin tocar en los últimos quince años, con una subida anual de sólo el 3%. Esa situación es, precisamente, la que habría generado de modo paulatino un desfase en el servicio de mercados de hasta 2,3 millones, ya que en ese periodo los costes no han dejado de multiplicarse.
Según pudo constatar Alicante Plaza, sólo en personal, el servicio de mercados ya supone un desembolso de más de 1,1 millones, a los que se debe añadir otros 389.000 euros en compras y 250.000 en suministros. En suma, el balance de pérdidas no puede resultar más inasumible: los costes anuales se disparan hasta los 2,5 millones, mientras que los ingresos apenas alcanzan los 250.000 euros. De esta situación se tradujo, según las mismas fuentes, el compromiso unánime alcanzado en la comisión para aproximar año tras año las tasas a la cobertura de costes.
El mercado central de Alicante. Foto: RAFA MOLINAY esa fue en realidad la única modificación acordada. Hacienda retiró otras dos propuestas de revisión: la del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la de las tasas para concurrir a las pruebas de selección de personal de la Agencia Local de Desarrollo.
La primera propuesta de revisión, que aspiraba a atenuar la subida de los recibos por el incremento de los valores catastrales mediante una reducción equivalente del tipo impositivo, quedó aplazada a una próxima comisión a la vista de una reciente circular remitida por el Gobierno central. En ella, se advertía de que la entrada en vigor del incremento de los valores catastrales quedaba aplazada hasta que se acordase la Ley de Presupuestos Generales.
En la misiva, el Gobierno informa de la concesión de un plazo adicional de dos meses para que los ayuntamientos ajusten los tipos del impuesto, a contar desde la publicación de esa Ley. El retraso en la publicación de esa Ley es, como recordó Morales, la que está provocando el retraso en la tramitación de los presupuestos municipales de 2017, ya que se desconocen parámetros como el techo de gasto.
La modificación de la tasa para las pruebas de la ADL también quedó en suspenso hasta que el Ayuntamiento revise las que son de aplicación para todas sus plazas. La ADL, un organismo autónomo, deberá decidir si elabora las suyas propias o asume las generales.
En principio, la revisión de las tasas de los puestos del mercado no se elevará a aprobación en el pleno de este jueves (podría incluirse como asunto de urgencia). Sí se debatirá, no obstante, la propuesta para pedir una subvención de 450.000 euros a la Diputación con la que el equipo de Gobierno espera sufragar el 50% del coste del proyecto de urbanización de un parque-plaza junto al solar en el que se planeaba la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante, en Benalúa. El secretario municipal emitió ayer un informe que avalaba que se volviese a plantear la propuesta, ya rechazada en el pleno. A priori, el tripartito (en situación de minoría) podrá aprobar la propuesta, ya que todavía no se ha producido la incorporación de la nueva edil de Ciudadanos, María José Molina, tras la dimisión de su exportavoz, José Luis Cifuentes.
