ALICANTE. Nuevo ajuste en la prestación del servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos de Alicante. Esta vez, motivado por necesidades relacionadas con el funcionamiento de la planta de Fontcalent. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha aprobado este martes en Junta Local la cuarta modificación del contrato que sigue asumiendo UTE Alicante (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) con el fin de dar pie a la construcción del talud oeste la celda 4 del vertedero y, al tiempo, de rescatar el funcionamiento del denominado cuarto turno de trabajo en el centro de tratamiento.
Esa recuperación del cuarto turno era una posibilidad que el servicio de Limpieza y gestión de residuos llevaba evaluando en los últimos meses, a la que se ha dado luz verde ahora con el fin de dar salida a los residuos derivados hasta la planta de Alicante procedentes de otros planes zonales ajenos a la ciudad, en respuesta a las resoluciones formuladas por la Dirección General de Calidad Ambiental el 7 de junio de 2021 y el 25 de marzo de 2022, en las que se dispone la admisión de esos desechos de municipios de la provincia que carecen de planta de tratamiento propia. Entre esos residuos, Alicante recibirá al menos parte de los generados en Pilar de la Horadada y de la zona de Costa de Orihuela, según ha detallado el edil de Limpieza, Residuos y Medio Ambiente, y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar.
La modificación supone elevar el coste anual teórico (de completarse un ciclo de un año) de la prestación hasta los 40,3 millones, con un incremento adicional de 1,8 millones: 268.348,51 para la ejecución de las obras del talud de la celda 4 del vertedero y 796.821,57 por la implantación del cuarto turno de trabajo. Villar ha añadido, respecto a las obras del talud de la celda, que se trata de "una actuación prevista en el plan de inversiones del contrato que hemos activado ahora con la intención de que pueda permitirnos ganar espacio de vertido por un plazo de entre 8 y 10 años más, a la espera de que se pueda solventar la autorización para construir la quinta celda, en la que estamos trabajando", ha añadido.
El bipartito ya promovió la tercera modificación del contrato en julio de 2020 con el fin de incorporar nuevas prestaciones no contempladas en el pliego del concurso convocado en 2012, como la regularización del servicio en la isla de Tabarca, la inclusión de nuevos desarrollos urbanos como el PAU 5, el refuerzo en la recogida en los polígonos y la puesta en marcha de una ruta específica para evitar desbordes en los alrededores de los contenedores. Esa modificación conllevó un incremento de 1,4 millones en los costes anuales de la prestación.
Ahora, en esta cuarta modificación del contrato, por 1,8 millones más, no se ha incluido el incremento adicional que supondría la puesta en marcha de la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos, ya que su implantación efectiva no podrá producirse, previsiblemente, hasta que se pueda disponer de un nuevo adjudicatario. En principio, el bipartito prevé que la concesión pueda quedar resuelta antes de que finalice el año, con lo que la extensión de esa nueva operativa para el depósito por separado de los restos de comida entraría en funcionamiento a principios de 2023.
Con todo, no se descarta la posibilidad de que pueda ponerse en marcha algún primer ensayo en barrios concretos que pudiesen extenderse de forma progresiva, desde el momento en el que cuente con los contenedores específicos adquiridos al efecto. En ese caso, el coste adicional que conllevaría su recogida podría sufragarse con economías o ahorros generados en la prestación ordinaria, como informó este diario.