El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y los ediles de Urbanismo, Infraestructuras y Gestión de Fondos Europeos en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno.ALICANTE. Todo listo (o casi) para que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), pueda poner en marcha el plan plurianual de inversiones por más de 48,1 millones comprometido a través de los presupuestos municipales de este ejercicio. Esa planificación cobra impulso gracias al preacuerdo alcanzado este miércoles en la reunión semanal de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento, en el que se aprobó la propuesta de clasificación de las ofertas presentadas para optar al megapréstamo contemplado por los populares como mecanismo de financiación en el desarrollo de esas obras.
El concurso para su contratación se había dividido en cinco lotes distintos con el propósito de favorecer la máxima concurrencia posible y promover la diversificación del riesgo para que el préstamo no quedase vinculado a un único banco. Finalmente, a cierre de plazo de admisión de ofertas, este lunes, el proceso acabó atrayendo a nueve licitadores entre los que figuraron casi todas las principales entidades de crédito del país: BBVA, Santander, Banco Sabadell, Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Eurocaja Rural; Caja Rural de Granada y Globalcaja. Las seis primeras entidades presentaron propuesta para el conjunto de los cinco lotes. Pero, finalmente, es Banco Santander quien se perfila como adjudicataria de cuatro de ellos (los lotes 1, 2, 3 y 5), mientras que Caja Rural de Granada resultaría beneficiaria del lote 4, por un importe de 9,5 millones.
Sus propuestas habrían sido las que habrían planteado las condiciones más ventajosas para el Ayuntamiento (aunque por el momento no ha trascendido su detalle ni el tipo de interés aplicable), de modo que se prevé que la propuesta de adjudicación pueda aprobarse en Junta de Gobierno de manera inminente, si es posible, incluso antes de que concluya junio.
A partir de ahí, se producirá la firma del contrato en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación del acuerdo de adjudicación, según se concreta en las bases de la convocatoria, en las que también se establece que el plazo global de la operación será de 11 años y medio, con un año y medio de periodo de carencia en el que no se devengarán intereses. Por último, se señala que el tipo de interés aplicable sería variable sobre la referencia del euríbor a tres meses, al que cada entidad plantearía su propia propuesta de diferencial, que será fijo durante toda la vida del préstamo.
Con la contratación de ese nuevo préstamo -el tercero, tras los dos suscritos a finales del mandato precedente por 19,8 y 9,7 millones-, el equipo de gobierno obtiene una herramienta de financiación para poder ejecutar cerca de 60 proyectos de reurbanización y construcción de nuevos equipamientos en el conjunto de distritos de la ciudad, sin quedar sujeto al límite de un año de vigencia de las consignaciones para inversiones reflejadas en los presupuestos.
Se trata, así, de ganar flexibilidad y disponer de tiempo adicional para poder llevar a cabo intervenciones que requieran de plazos de obra prolongados, de más de un año de duración. En concreto, entre esos proyectos que se prevé poner en marcha con cargo al préstamo figuran actuaciones como la segunda fase de la remodelación de la avenida de Niza, la regeneración de la playa de La Almadraba, la construcción del nuevo pabellón deportivo de Tómbola, la reforma del pabellón Rafael Pastor, la ampliación del cementerio o la construcción de la comisaría de Policía en Playa de San Juan.
De hecho, algunas de esas actuaciones ya están en fase de contratación, en el momento de evaluación de las ofertas presentadas, ya que se optó por tramitar su licitación anticipada con el propósito de solapar plazos y, así, acelerar el inicio de obra en parte de ellos en cuanto se dispusiese de la financiación necesaria mediante la contratación del préstamo, como informó este diario.
De este modo, el equipo de gobierno pretendería dar el pistoletazo de salida al mayor número de proyectos posible para mejorar los porcentajes de ejecución de inversiones, frente a los reproches que vienen señalándose de forma recurrente en los informes de fiscalización del departamento de Intervención en los balances anuales, aunque el conjunto de las actuaciones se ejecutarán de manera escalonada hasta 2027.
En paralelo, el equipo de gobierno continúa reivindicando soluciones al Gobierno central para que se permita disponer de los 133 millones de remanentes (ahorros arrastrados de ejercicios precedentes) con el fin de poder destinarlos a otros usos distintos a la amortización de deuda, como habría quedado establecido tras la reinstauración de la regla de gasto.
