Alicante pone fecha para consolidar su modelo de libertad comercial sólo para la zona centro 

ALICANTE. La cuenta atrás está en marcha. El tripartito de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) iniciará el próximo martes 25 de octubre el proceso para tratar de implantar la libertad horaria sólo para los establecimientos asentados en la franja litoral y en el centro tradicional, en un perímetro que abrazaría a su principal arteria comercial: la avenida de Maisonnave. El Consejo Local de Comercio abordará a las 13:00 horas de esa fecha la que sigue siendo hoy por hoy la propuesta del alcalde y edil del área, Gabriel Echávarri (PSOE): establecer la misma Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) que se aprobó en 2013 y que sigue vigente ahora, después de que, en marzo, naufragase su intento de extenderla a toda la ciudad.

Lo cierto es que la propuesta no es exactamente idéntica a la que acordó el PP, bajo el mandato de Sonia Castedo. La nueva fórmula va acompañada de un compromiso por la conciliación de la vida laboral y familiar: el tripartito, con Echávarri al frente, viene planteando que sólo podrán abrir los 365 días del año aquellos negocios que se comprometan por escrito a ampliar plantillas para cubrir sus necesidades, de modo que sus empleados actuales no tengan que trabajar más de 11 domingos y festivos al año.

La definición de la ZGAT podría votarse sólo en Junta de Gobierno donde contaría con el apoyo de PSOE y Compromís, sin necesidad de pasar por pleno  

Según fuentes municipales, en el nuevo proceso de negociación abierto desde marzo con todo el sector, sólo el comercio asentado en el centro tradicional -y fundamentalmente, el Corte Inglés- ha estampado su rúbrica en ese compromiso. Es más, según las mismas fuentes, ya estaría cumpliéndolo, después de haber suscrito hasta 250 nuevos contratos para cuadrar sus necesidades de plantilla. En esa cifra, además, no sólo entraría el personal adscrito a los grandes almacenes, sino también los trabajadores de las tiendas de marcas ajenas. El resto de grandes superficies de la ciudad, que también han reclamado la libertad horaria incluso mediante un recurso en los tribunales que sigue pendiente de resolución, no se han sumado a ese requisito. Al menos por ahora. 

La incógnita que queda por despejar es si en ese Consejo se producirá o no una votación formal. Las fuentes municipales consultadas recuerdan que el corpus normativo que regula la declaración de las ZGAT no obliga expresamente a que los miembros del consejo voten (se habla de "dar audiencia"), así que el primer edil podría limitarse a informar sobre cuál es su propuesta. Con ese itinerario, el tripartito se evitaría que se escenificase una posible división entre los 25 componentes del consejo, entre los que figuran cinco representantes de las asociaciones de comerciantes locales; otro por los supermercados; otro por las grandes superficies; uno por cada uno de los partidos con representación municipal; y otros tantos por la UA, por la Cámara de Comercio y por los sindicatos. Si hubiese votación, además, el resultado no sería vinculante, de modo que la propuesta podría llegar al siguiente estadio: pleno muncipal o Junta de Gobierno.

A priori, la opción más probable es que el debate de la propuesta acabe restringiéndose a la Junta de Gobierno, donde Echávarri tendría prácticamente garantizado el respaldo de sus socios de Compromís. El tripartito no cuenta con mayoría en el pleno desde la expulsión de la concejal de Guanyar, Nerea Belmonte (ahora edil no adscrita) y necesitaría del apoyo de PP o C's para que la propuesta prosperase, ya que Guanyar (la tercera pata del equipo de Gobierno) sigue oponiéndose a la liberalización. La anterior propuesta de ZGAT, por la que se aspiraba a extender la libertad comercial a todo el municipio, contó con el voto a favor de C's y el rechazo del PP. Ahora, los populares podrían decantarse por votar a favor para mantener la situación actual.

Una vez aprobada la propuesta (de aprobarse, como todo parece indicar), sólo faltaría que la Conselleria de Economía le diese el visto bueno. El conseller del área, Rafa Climent (Compromís), garantizó a finales de septiembre que el Consell respetaría la decisión del Ayuntamiento siempre que en la definición de la ZGAT primase un amplio consenso y se aprobase al menos en Junta de Gobierno. Es la vía que, según fuentes municipales, se ha seguido en otras grandes ciudades como Sevilla o A Coruña. Mientras, Economía continúa esperando el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre su propuesta para reformular todas las ZGAT de la Comunitat.