Los bloques de hormigón que cierran el paso en algunas de las calles de las parcelas pendientes de subsanación. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El interés de varios de los principales operadores logísticos por situar sus centros de reparto de última milla en la ciudad de Alicante, en emplazamientos bien comunicados con la A-31 y la A-7, ha empujado al equipo de Gobierno (PP y Cs) a tratar de rescatar algunos emplazamientos de suelo industrial disponible en el entorno del Llano del Espartal. Se trata de algunas parcelas ya urbanizadas que se desarrollaron entre 2005 y 2008 entre el cementerio y la carretera de Ocaña, como la UA 6 y la UA 7, cuyas obras siguen sin recepcionarse a la espera de que se lleven a cabo subsanaciones en la ejecución de los trabajos consolidación del terreno.
Fuentes municipales indicaron que ya se ha mantenido varias reuniones con los propietarios originales de esos sectores, que se constituyeron en agente urbanizador para adecuar y comercializar esos suelos, con el propósito de instarles a acometer la reparación de viales a la que se ordena en sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en septiembre de 2017.
En concreto, en esa sentencia, el alto tribunal autonómico fallaba a favor del recurso presentado por el Ayuntamiento y conminaba al agente urbanizador de dichas parcelas a efectuar la reparación de las deficiencias advertidas por los técnicos municipales en los informes de inspección que se emitieron desde el año 2008, cuando se produjo la recepción provisional de las obras. La resolución judicial del TSJ, que revocaba el fallo desestimatorio previo dictado por el Juzgado de lo Contencioso número 2, concedía un plazo de un mes para el inicio de los trabajos de subsanación.
Algunas de las naves del polígono.Sin embargo, las obras no se han acometido en ningún momento. Ante las reiteradas peticiones de ejecución presentadas por el Ayuntamiento entre 2008 y 2011, los propietarios del suelo mantuvieron que ya habían realizado los trabajos de reparación que se requirieron en 2008 y 2009. Después, alegaron que el periodo de garantía de las obras había finalizado en 2009. De ahí que el Ayuntamiento decidiese acudir a la vía judicial en 2012 para conseguir que se completase la labor de urbanización de manera correcta.
Lo cierto es que los últimos contactos entablados por el Ayuntamiento con los promotores de de esas parcelas -al parecer, miembros de una misma familia de empresarios residentes en Murcia y Madrid- siguen sin arrojar resultados, aunque la Concejalía de Urbanismo persiste en la búsqueda de una solución que permita recibir las obras y resucitar una zona industrial que permanece parcialmente inactiva y en estado de semiabandono, con el consiguiente deterioro de los espacios no utilizados. De hecho, algunas de las naves que llegaron a levantarse hace más de una década quedaron en desuso y permanecen vacías, expuestas a actos vandálicos, pese a que parte de los accesos permanecen vallados y cerrados al tráfico.
En el caso de que no fructificasen las negociaciones, el ayuntamiento podría llegar a contemplar la ejecución directa de las obras, siempre que se contase con aportaciones de otras administraciones. Con ello, podría dar acomodo a posibles inversores interesados en asentarse en la ciudad. Es lo que ya está sucediendo en el ámbito del APD-21, en el extremo opuesto del eje de la carretera de Ocaña, en el que se han sucedido varios acuerdos para el aterrizaje de naves logísticas de empresas como Mercadona o Integra2. El último proyecto que ha fraguado en ese punto es el que promueve la murciana Hispavima, por encargo de otro destacado operador logístico.
