Las portavoces municipales de PP y Cs, Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez. ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, integrado por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha registrado una propuesta de declaración institucional para su debate en el pleno de enero por la que insta al Consell a intervenir "de una vez" y mediar "para poner fin a la huelga de autobuses nocturnos en l'Alacantí, que afecta a los trabajadores, deja sin servicio a 130.000 vecinos de la comarca y causa un grave perjuicio a los usuarios, en su mayoría jóvenes", según han apuntado fuentes municipales, a través de un comunicado. El bipartito asegura que "el paro se prolonga ya durante casi nueve meses y aprovecha para reclamar a la Generalitat un sistema metropolitano de transporte, como el de València, en el que se integren todos los municipios de l'Alacantí".
"La pasividad de Puig y de su consellera de Movilidad, Rebeca Torró, empeora las consecuencias de una huelga que afecta a las líneas 21N, 23N y 24N, que conectan la ciudad de Alicante con los municipios de El Campello, Sant Joan, Mutxamel y San Vicente del Raspeig", sostiene la propuesta del equipo de gobierno. "La Generalitat no puede seguir mirando hacia otro lado ante este conflicto", prosigue, "haciendo dejadez de sus funciones, y se tiene que implicar de una vez por todas en el desacuerdo que enfrenta a los trabajadores con la empresa concesionaria del servicio para que los autobuses vuelvan a circular por las noches los viernes, sábados y vísperas de festivos, cuando finaliza el servicio diurno a las 22:30 horas". A consecuencia del conflicto laboral, los servicios mínimos se han reducido a sólo dos salidas desde la Plaza del Mar, una a las 0.00 horas y otra a la 1.00, según detallan fuentes municipales, a través de un comunicado.
La declaración institucional rechaza que, al no existir el servicio nocturno de autobús, "el coche se convierta en la única alternativa los fines de semana para los jóvenes que vuelven o se desplazan a Alicante ciudad, con los peligros e inconvenientes que ello conlleva, como mayor posibilidad de accidentes de tráfico y colapso en las paradas de taxis, entre otros". "La conselleria es la responsable de la gestión del transporte metropolitano y no puede pretender que la solución ante esta problemática sea que la gente, sobre todo los jóvenes, se desplacen en sus vehículos particulares y pase de este modo la patata caliente a empresa y trabajadores", recalca el equipo de gobierno.
Al mismo tiempo, señala que "éste no es el único problema que sufre la comarca en materia de transporte, ya que Alicante sigue sin estar conectado por Tram con núcleos urbanos tan importantes y con un alto número de residentes como Sant Joan o Mutxamel". "Llevamos años esperando el proyecto anunciado por el tripartito de Ximo Puig y sigue sin materializarse, con los problemas que este incumplimiento genera. No se puede entender cómo una comarca como l'Alacantí, con toda la población residente y flotante que tiene, no tenga una conexión desde hace años en Tram", recalca la propuesta.
La declaración institucional apunta que "los trabajadores iniciaron estas movilizaciones para reivindicar una serie de medidas que afectan desde hace años a sus condiciones laborales, como jornadas de trabajo de hasta nueve horas sin tener en cuenta los tiempos de descanso, la ausencia de aseos en las cabeceras que provoca que tengan que hacer sus necesidades en descampados o la falta de personal de seguridad en autobuses nocturnos debido a las complicaciones que presenta este servicio en particular, pero ninguna de estas demandas han sido atendidas por el Gobierno de Puig".
Frente a esta situación, "la Generalitat prefiere lavarse las manos en lugar de actuar y ha decidido que sean los trabajadores y la empresa los que alcancen un acuerdo, pero se olvidan que es una competencia suya, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y que están obligados a dar este servicio y a mediar ante un conflicto tan grave, que a tantos ciudadanos afecta y que tanto se está alargando en el tiempo", concluye la declaración institucional. "Se trata de un perjuicio que afecta a miles de alicantinos y que desde el Gobierno de Ximo Puig nadie mueve un dedo para solucionarlo", concluye el comunicado.
