ALICANTE. Las portavoces del PP, Mari Carmen de España, y Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, han firmado una Declaración Institucional conjunta para ser debatida en el próximo pleno por que se se emplaza al Consell para que inste al Gobierno central a que introduzca todas aquellas modificiaciones necesarias en el Código Penal para permitir luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, castigar más severamente esta práctica y facilitar a la autoridad pública el desalojo de las viviendas que han sido ocupadas ilegalmente en el plazo máximo de 12 horas.
En la exposición de motivos de esta DI conjunta del equipo de gobierno se explica que “la ciudad de Alicante, gracias a su clima privilegiado y a sus playas, atrae a millones de visitantes todos los años, muchos de los cuales ya cuentan con una segunda vivienda en nuestra ciudad, que en muchas ocasiones pasa largos periodos de tiempo deshabitada”.
El grupo municipal popular y el de Ciudadanos creen que esta es la razón por la que Alicante tiene una tasa de viviendas ocupadas por encima de la de Madrid. Ahondando en esta cuestión, la DI señala que “en Alicante hay barrios prácticamente ocupados, como por ejemplo Juan XXIII. La consecuencia directa de esta ocupación ilegal es el aumento de peleas, tráfico de estupefacientes y suciedad, causas que contribuyen al deterioro de la convivencia de todo un barrio”.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante asevera que se hace eco de la “desesperación que genera a muchos de los dueños de viviendas ocupadas la dificultad para recuperar sus hogares” y por ello considera en la Declaración Institucional “urgente abordar el fenómeno de okupación llevado a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que lo hacen de forma premeditada y con una finalidad lucrativa. Hay que distinguir la okupación por parte de personas en situación de vulnerabilidad y la que se realiza desde la delincuencia organizada”.
Tanto para PP como para Cs “pese a que las últimas reformas legislativas, han tratado de buscar que los okupas puedan ser desalojados de una manera más ágil, permitiendo acudir a la vía civil y no unicamente a la penal, el proceso sigue siendo largo y angustioso para los dueños”. Como consecuencia de esto, “en muchas ocasiones, los okupas se van antes del juicio pero habiendo transcurrido muchos años y habiendo generado daños irreparables en el inmueble”.
En la misma DI se llama también la atención sobre los efectos negativos paralelos que provoca la ocupación ilegal de viviendas “como puede ser la instalación de negocios ilegales con plantaciones de marihuana en las que se emplean enganches ilegales en el alumbrado público que pueden acabar con percances más graves como incendios”.
Para el equipo de gobierno “ante estas situaciones, y pese a que los vecinos lo han denunciado en reiteradas ocasiones, las administraciones no se están mostrando diligentes a la hora de buscar una solución, dejando el problema en manos del particular, tanto en las labores de prevención, como en relación con el desalojo”.
A criterio de los dos grupos políticos que integran el equipo del gobierno del Ayuntamiento de Alicante, “la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procesos judiciales suponen un grave problema para los propietarios, para los vecinos y para las familias. Es urgente introducir diversas modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que afronten, en su integridad, el fenómeno de la okupación. Queremos que las familias que han visto okupada su casa injustamente no tengan que pasar por años de espera y burocracia para recuperarla”.
Ante estas situaciones adversas, las portavoces del PP y CS firman una Declaración Institucional conjunta por la que proponen al Pleno del Ayuntamiento de Alicante posicionarse claramente a favor de la protección y la defensa de la propiedad privada y por ende proteger a todos aquellos ciudadanos alicantinos que tienen una propiedad.
Además se emplaza al Consell para que inste al Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que la autoridad pública pueda desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 12 horas y a reformar el Código Penal en todos aquellos aspectos encaminados a salvaguardar los intereses de los propietarios de viviendas. En concreto, se pide reforzando las penas asociadas a los delitos de usurpación, pasando de multa a privación de libertad de uno a tres años, con el objeto de endurecer las penas a imponer a los okupas. También se reclama que se contemple de manera específica en el Código Penal la figura de las mafias de ocupación ilegal.
En esta misma dirección, la Declaración Institucional conjunta plantea que se modifique la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con el objeto de establecer un procedimiento sumario de recuperación de la posesión. Que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de resolver los delitos de okupación mediante juicios rápidos, de manera que las reclamaciones de los propietarios puedan tramitarse de forma ágil y que el desalojo no se demore de forma indefinida en el tiempo. Y que se reforme la Ley de propiedad Horizontal y la Ley de bases del Régimen Local, con el fin de otorgar legitimación para instar estos desalojos a las comunidades de propietarios, en caso de que se desconozca el propietario o éste no comparezca y también a los ayuntamientos, cuando se constaten amenazas para la seguridad y la convivencia derivadas de estos casos de okupación.
Por último, la propuesta para debatir en el pleno y que busca el respaldo de todos los grupos políticos que lo integran plantea que el Estado se responsabilice de las personas mas vulnerables, atendiendo a sus obligaciones constitucionales recogidas en el articulo 47, sin olvidar que le corresponde “asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia” tal y como dispone el artículo 39 de la Constitución.
