Las instalaciones de la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos en el Pla de la Vallonga.ALICANTE. El relevo en la contrata de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante, que sigue pendiente de formalizarse a la espera de que se pueda completar la definición de la nueva programación del servicio, se producirá antes de que se cierre la auditoría económica sobre la concesión actual. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), aprobó este martes en Junta Local la concesión de la única prórroga prevista en el contrato para la elaboración de ese estudio de fiscalización sobre los flujos económicos del contrato con el fin de que pueda extender su alcance hasta el servicio prestado a lo largo de este año.
El acuerdo comprende la concesión de otros cuatro meses de plazo adicional respecto a los diez meses previstos inicialmente, cuando la elaboración de ese estudio quedó en manos de la consultora Brainstorming Audit, en junio de 2022. Esos cuatro meses comenzarán a contabilizarse desde el momento en el que UTE Alicante (la concesionaria actual, compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica), ceda las riendas de la prestación a la nueva adjudicataria, la UTE Netial (formada por FCC Medio Ambiente S.A. y PreZero España). Como máximo, ese relevo debería producirse en septiembre de este año, en función del margen límite previsto en la concesión de la última prórroga, en el verano de 2021.
Con esa extensión del plazo del contrato de auditoría, el gabinete seleccionado podrá disponer del tiempo necesario para completar la fiscalización económica del servicio (balances de gastos, inversiones, costes de personal, etc) durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022, y ahora también sobre 2023, al quedar contemplado como posibilidad en el pliego de condiciones con el que se licitó la elaboración de la auditoría. Se trata, eso sí, de un estudio que no tiene nada que ver con la evaluación de la calidad de la prestación ni sobre el cumplimiento del contrato: una de las líneas que se ha venido reivindicando tanto en el pasado mandato como en el actual por los distintos grupos políticos que han ejercido o ejercen funciones de oposición.
La concesión de esa prórroga sobre la auditoría coincide, además, con otro avance respecto a la operatividad del servicio actual: la construcción del subparque logístico proyectado en el distrito de Playas con el fin de evitar el desplazamiento de vehículos y maquinaria de cribado de la arena desde las instalaciones centrales de la UTE, situadas en el polígono del Pla de la Vallonga.
En concreto, fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que la concesión de su licencia habría quedado prácticamente despejada después de que UTE Alicante haya aportado las últimas subsanaciones requeridas por el departamento de Urbanismo respecto al proyecto constructivo planteado en el sector de La Condomina, a espaldas del club Montemar.
Con esas correcciones, el subparque -que vendría a funcionar como una zona de aparcamiento de tractores y maquinaria, según fuentes consultadas- dispondrá de dos accesos diferenciados (uno de entrada y otro de salida) a través del camino del Ciprés y del camino de la Huerta con el fin de minimizar el tránsito de vehículos pesados en las inmediaciones del monumento de la Torre del Ciprés, incluido en el Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de la Huerta.
En principio, todo parece indicar que esas correcciones permitirán conceder la licencia pendiente desde el año 2014 para el desarrollo de una infraestructura de la que ya se ha abonado cerca de un millón de euros en costes de construcción sin que esté ejecutada, a través de las certificaciones mensuales por la prestación del servicio. De hecho, el bipartito había anticipado su intención de detraer dicha suma en el momento en el que se produjese la extinción y liquidación del contrato actual, en el supuesto de que no estuviese habilitada para entonces.
