Alicante ataja los pagos alegales por la contrata de las sillas; la causa sobre el 'amaño' precedente sigue

ALICANTE. Dos años después, objetivo conseguido. El tripartito de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) confirmó este martes en Junta de Gobierno la adjudicación del contrato de montaje de infraestructuras festivas a una UTE formada por tres empresas (Sit Down MM, Fiestas Infantiles Pequeñín y APQ Stage Ibérica), lo que pone fin al pago de facturas sin la preceptiva cobertura legal de un contrato que se venía reiterando prácticamente semana tras semana desde que se extinguió la anterior concesión. 

La UTE asumirá el servicio por dos años de duración con una posible prórroga de otros dos y un importe de 1,3 millones. La adjudicación es relevante al tratarse de una de las concesiones de mayor gasto de las que dependen del Ayuntamiento de Alicante, tras los servicios de limpieza viaria, el transporte público o la limpieza de colegios y edificios municipales, por ejemplo. Incluye la provisión de escenarios y mobiliario para todo tipo de eventos culturales, deportivos y festivos que se celebran a lo largo del año bajo responsabilidad del Ayuntamiento. 

Pero su trascendencia reside, además, en sus antecedentes. La UTE concesionaria se ha impuesto en el concurso a otras dos empresas competidoras más que conocidas. Se trata de Isjoma y Montajes Alavés: precisamente las dos compañías que protagonizaron la polémica por el supuesto amaño de la contrata vencida, todavía bajo el escrutinio de los juzgados.

La causa continúa abierta frente a dos exconcejales y varios técnicos ocho años después y ya ha pasado por tres jueces 

La primera, Isjoma (que esta vez concurría en UTE con Novofest), se hizo con el contrato en 2009, bajo el mandato del PP, por un periodo de seis años y un importe de adjudicación de 4,6 millones (IVA incluido). La segunda, Montajes Alavés, se consideró perjudicada por el acuerdo y presentó una denuncia sobre las supuestas anomalías que se habían registrado en el proceso de valoración de las plicas, ya que su oferta suponía un ahorro para las arcas municipales de cerca de un millón. 

La Fiscalía Anticorrupción asumió la denuncia y, tras las primeras pesquisas, encontró indicios de que el pliego de condiciones pudo haber sido redactado en realidad por personal de la empresa adjudicataria. Con las pruebas recabadas, se abrieron diligencias en el juzgado número 8 para esclarecer si dos exconcejales del PP -Andrés Llorens y Juan Zaragoza- y los técnicos municipales que intervinieron en la adjudicación incurrieron en delito. La causa sigue abierta ocho años después y, según fuentes conocedoras de las diligencias, ya ha pasado por la mesa de tres jueces distintos tras los relevos registrados en ese tiempo al frente del juzgado instructor.