ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), se prepara para introducir un nuevo ajuste en el Proyecto de Servicio Público (PSP) para la prestación del servicio de transporte urbano de Alicante, después de haber cubierto la fase de presentación de alegaciones. En esta ocasión, se trata de una modificación para incorporar los nuevos costes salariales asociados a la prestación, después de que, el pasado diciembre, se aprobase el nuevo convenio laboral que afecta a los conductores de la actual empresa concesionaria: Masatusa, del grupo Vectalia.
Las tablas de dicho acuerdo deben quedar reflejadas en el PSP para que figuren en la estructura de costes del concurso, de modo que puedan ser contempladas por cualquier empresa interesada en concurrir a la licitación. Así, el bipartito prevé aprobar en Junta de Gobierno el acuerdo de inclusión de ese ajuste en el plazo de las dos próximas semanas, lo que conllevará que el documento que sirve de base para la convocatoria del concurso vuelva a salir a exposición a público por un periodo de entre 15 días y un mes.
Fuentes del equipo de gobierno incidieron en que, con la incorporación de esa revisión del PSP, se trata completar todos los trámites necesarios y evitar posibles impugnaciones en el futuro que pudiesen retrasar aún más la incorporación de un nuevo adjudicatario, toda vez que no se llegó a aprobar su licitación en noviembre: la última fecha anunciada hasta ahora. En todo caso, según las mismas fuentes, el objetivo ahora es poder convocar esa licitación antes de este verano para que se disponga de un nuevo concesionario entre seis y ocho meses después, ya en el primer tramo de 2023.
El bipartito sostiene que la revisión del PSP no conllevará un retraso adicional en la licitación, después de que no se convocase el pasado noviembre, como se había previsto
Entre tanto, el servicio continúa a cargo de Masatusa, después de que, en julio, se aprobase una nueva prórroga extraordinaria sobre la prestación durante el tiempo en el que se demore la nueva adjudicación. En principio, se da por seguro que esa misma empresa -al frente del contrato desde 1969- presentará oferta para continuar como operador durante otros 10 años más (el plazo previsto para el nuevo concurso). No obstante, todo parece indicar que en esa próxima licitación también concurrirán otras grandes compañías del sector con la intención de poder explotar un contrato para el que se prevé un coste medio de 17 millones anuales a lo largo de la próxima década.
Entre las mejoras a incorporar en el nuevo PSP, que deberán asumir los licitadores interesados en el contrato, figuran la nueva línea de microbuses lanzadera que conectan con el Castillo de Santa Bárbara (inaugurada en diciembre), así como la creación de una nueva línea circular en Playa de San Juan para conectar con el Hospital Universitario, otra para mejorar los desplazamientos a los polígonos industriales y la prestación del servicio de taxi a demanda para conectar el casco urbano con las partidas rurales.
