ALCOY. El Ayuntamiento de Alcoy ha dado este viernes carpetazo a un asunto que venía coleando desde hace 2004, cuando se iniciaron los trámites para construir los nuevos juzgados de la ciudad. Y lo ha hecho con la permuta la permuta del inmueble municipal situado en la placeta de la Mare de Déu, donde están los nuevos juzgados, por tres edificios que actualmente son propiedad de la Generalitat Valenciana. Ahora, la Generalitat debe ratificar el acuerdo.
La permuta se produce dos años y unos meses después de que la Conselleria de Justicia y el consistorio alcoyano inauguraran los nuevos juzgados, en la Placeta de la Mare de Déu. Además de conseguir unos juzgados dignos para toda la comarca, el ayuntamiento quería una compensación económica a los alcoyanos por el coste de los nuevos juzgados que asumió el anterior gobierno local del Partido Popular. El acuerdo se concretó en una permuta de tres edificios de propiedad autonómica que pasarán en manos locales a cambio del edificio judicial. Los tres edificios que serán municipales tienen un coste superior a los 3,5 millones de euros.
El acuerdo de la permuta se alcanzó en 2017: contempla un intercambio de inmuebles por la que el edificio de los actuales juzgados de la placeta de la Mare de Déu pasan a ser propiedad de la Conselleria de Justicia y, a cambio, tres inmuebles propiedad de la Generalitat Valenciana pasan a ser propiedad del Ayuntamiento de Alcoy. Los edificios que pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento y que actualmente son de la Generalitat son: el inmueble de la calle Pintor Casanova 10, que actualmente acoge el departamento de Medio Ambiente y Educación; el edificio Plaza Blai Domingo Llidó , que alberga el Centro Social de la Zona Nord, y el inmueble Calle General Prieto, 16, donde se halla la escoleta Infantil Zona Nord. Según el alcalde, Toni Francés, con la valoración de estos tres edificios, que supera los tres millones y medio de euros, los alcoyanos y alcoyanas veremos recuperada la inversión hecha".
Francés ha añadido que "las nuevas instalaciones han supuesto que ya tengamos un servicio de justicia adecuado tanto para nuestra ciudad como para la comarca con unas instalaciones dignas al mismo tiempo que se ha revitalizado una zona degradada en el centro de Alcoy, aportando servicios y seguridad en esta área del centro histórico». «Es cierto que yo dije que este edificio era ilegal mientras no tuviera un convenio, por eso firmamos un acuerdo con la Generalitat en 2016, para hacerlo legal», ha comentado.
Hay que recordar que en 2004, el Ayuntamiento de Alcoy, gobernado por el PP, inició los trámites para construir unos nuevos juzgados, que fueron construidos por el consistorio asumiendo una competencia que no le correspondía y sin ningún convenio que garantizara como iban a recuperar los alcoyanos y alcoyanas la inversión hecha. Las obras supusieron un coste de más de 3 millones de euros.
Esta misma situación se dio en Orihuela, donde el ayuntamiento del PP asumió la construcción del Palacio de Justicia, y hace apenas tres años se alcanzó un acuerdo entre ambas entidades para resarcir las cuentas pendientes: en este caso, la Generalitat le paga un alquiler al consistorio y, además, cedió otro edificio.
En la misma sesión plenaria se ha aprobado este viernes por unanimidad el protocolo de adhesión del Ayuntamiento al Distrito Digital. De esa manera, se inician los trámites para que la ciudad se convierta en subsede del organismo. Este era el paso previo a la firma del convenio para que Alcoy se convierta en entidad colaboradora del Distrito Digital, tal y como acordaron la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, y el alcalde, Toni Francés, según ha informado el consistorio alcoyano. El proyecto de conversión de la manzana de Rodes en un centro tecnológico formará parte del proyecto Distrito Digital para acoger servicios de digitalización y empresas de base tecnológica. La rehabilitación de esta antigua fundición alcoyana será la base de una nueva sede del Distrito Digital de la Comunitat Valenciana.