Cuatro trabajadores en las obras de Benalúa Sur en Alicante, esta semana. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La disyuntiva del sector de la construcción en la provincia de Alicante ante el decreto del estado de alarma por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus ha durado quince días. Finalizado este primer periodo y ampliado el confinamiento otros quince días, las nuevas medidas que aprueba este domingo el Consejo de Ministros para suspender todas las actividades económicas no esenciales pone fin al difícil equilibrio que mantenían la actividad promotora y la obra pública en la provincia.
El nuevo decreto que entrará en vigor este lunes suspende así, en principio durante dos semanas, la construcción de cerca de 9.000 viviendas en toda la provincia, que son las que se están levantando en estos momentos según las cifras de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE). Estas viviendas alcanzarán, una vez finalizadas, un valor de mercado agregado de aproximadamente 1.500 millones de euros, que las promotoras esperan facturar entre este año y el siguiente.
En estas promociones trabajan unos 20.000 empleados, que según el anuncio realizado este sábado por Pedro Sánchez, podrán disfrutar de un permiso retribuido por la empresa durante las próximas dos semanas, y suponiendo que se reincorporen a su puesto de trabajo a partir del 13 de abril, deberán devolver las horas no trabajadas durante el periodo a las empresas de forma gradual en los siguientes meses.
En total, el sector de la construcción emplea en la provincia directamente a unas 50.000 personas, según los últimos datos del INE. La solución propuesta ahora por Sánchez contrasta con los ERTE a los que el primer decreto del Gobierno abocó a las plantillas de incontables empresas alicantinas (10.372 expedientes para 51.695 trabajadores hasta el viernes), sobre todo del sector servicios, y a los que la construcción no podía acogerse.
La paralización, en principio durante quince días, de las promociones en marcha en la provincia de Alicante es una solución a la que, hasta el último momento, se han opuesto los promotores asociados a Provia y la propia CEV, que defendían la continuidad de los trabajos con la adopción de las medidas preventivas que ya estaban en marcha. En cuanto a la obra civil, la patronal Fopa también era partidaria de mantener la actividad, aunque en las dos últimas semanas el ritmo de uno y otro sector se había ralentizado notablemente, precisamente por la adopción de estas medidas y la cada vez más notable carencia de suministros, como ha contado este periódico.
Los promotores eran reacios a parar la obras en marcha (y de hecho, hasta este viernes la mayoría han mantenido su ejecución, tanto por parte de las empresas locales como de las grandes promotoras nacionales con proyectos en Alicante, como Aedas Homes, ASG y Neinor Homes), a la espera de que una decisión del Gobierno como la que se ha producido les forzase a ello. Con todo, Provia esperaba que no llegase a producirse, según fuentes de la asociación consultadas por este periódico.
El principal motivo es que los promotores consideran que costará más poner en marcha de nuevo el sector dentro de dos semanas (como pronto, pues no cabe descartar una nueva prórroga de las medidas de confinamiento) tras un paro total que si se hubiese mantenido una actividad ralentizada. Y por otro lado, muchas obras en marcha deben estar terminadas en mayo, que es cuando se cierran la mayoría de entregas de vivienda. Se acerca así un mes clave para la facturación anual de las promotoras alicantinas con la incertidumbre de qué pasará con los clientes, sobre todo extranjeros, a los que se va a retrasar el calendario.
