VALÈNCIA (EFE). Acció Ecologista-Agró ha alertado de la "desprotección y privatización" del litoral valenciano que conllevará la futura ley de Costas del gobierno de la Generalitat y de la regresión de actuaciones protectoras del medio ambiente.
La organización señala en un comunicado que el borrador de anteproyecto de la ley "se oculta la intención populista de favorecer la privatización del Dominio Público Marítimo Terrestre", en un artículo en el que se obliga a iniciar expedientes de desafectación ante el Estado en zonas ocupadas por núcleos urbanos con valores etnológicos y culturales.
“Cuando estos núcleos se encuentren en el dominio público marítimo-terrestre, la conselleria competente en materia de ordenación del litoral llevará a cabo los estudios pertinentes a fin de determinar si dichos bienes conservan o no las características propias de los bienes integrantes de dicho demanio; y en caso de que no fuera así, la Generalitat valenciana instará al Estado su desafectación, conforme a lo previsto en el art. 4-5 de la Ley de costas”, indica.
Así, surge un nuevo concepto, el de núcleos urbanos de especial valor etnológico, que se "redondea con la facultad discrecional de su determinación, es decir, las desafectaciones irán marcadas por el ritmo de calado del discurso político negacionista del cambio climático", según argumentan los ecologistas.
Considera que el negacionismo está "muy presente" en el borrador, que alude a la prevención y adaptación a los riesgos que puedan comprometer la integridad de la costa valenciana "sin hacer referencia al cambio climático".
Además, las pocas veces en las que el legislador se ve obligado a hacer mención expresa del cambio climático, no emplea la terminología internacionalmente establecida, sino palabras genéricas, máxime cuando intenta evitar el concepto "adaptación".
"Siendo este un intento más de desmentir y burlar la situación de emergencia climática en que nos encontramos y la necesidad de una actuación integrada que pretenda favorecer la adaptación a los impactos derivados del cambio climático", según asegura.
Según la definición que se establece en el artículo 2 de litoral valenciano, este abarca la franja de anchura variable que va desde la primera línea de tierra no bañada por el mar y oscilará entre 500 y 2.000 metros, medidos en proyección horizontal, una interpretación que es "incompatible" de conciliar con el dominio marítimo terrestre definido en la Constitución Española y concretado en la Ley de Costas estatal "sobre la base de un serio conocimiento científico".
Esa definición también es contraria a la elaboración y puesta en marcha de estrategias para garantizar el control de la urbanización adicional, tal como recoge la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022, sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa.
Está ligada a las normas de aplicación recogidas en la disposición transitoria tercera, mediante las cuales se pretende dar vía libre en suelos clasificados como no urbanizables a nuevos usos residenciales a partir de los primeros 500 metros de la costa, establecimientos hoteleros a partir de los 200 metros y edificaciones destinadas a servicios a partir de los 100 metros, advierte.
"Todo ello justificado bajo el empleo del impacto económico sobre el turismo como criterio general de planificación. Y pervirtiendo el uso que se hace del derecho a la vivienda, no sólo para justificar el boom urbanístico que se está orquestando en el litoral sino también a fin de perpetuar las construcciones existentes en primera línea de playa", según Acció Ecologista.
La organización ha presentado casi una veintena de alegaciones al borrador de la futura ley, que denomina de "anti-costa".
