Abriendo que es gerundio

Es cierto, hace unas semanas estábamos tan asustados por lo que estaba pasando, por el número de casos de coronavirus declarados en nuestra Comunidad Autónoma, que aceptamos sumisamente, como si fuera lo normal, las medidas adoptadas por parte de la Generalitat Valenciana para contener la expansión de la pandemia en nuestra Comunidad. Medidas restrictivas y limitativas de derechos fundamentales y otros derechos constitucionales, amén de injustificadas y bastante absurdas por otra parte, además. La hostelería, cerrada a cal y canto, en un Alicante donde perfectamente se puede la mayoría de los días sentar uno en una terraza, porque el clima lo permite. De hecho, los cafés nos los tomamos ahora por la calle, apostados en un banco y practicando para el oficio de vagabundos, como dentro de poco lo seremos la mayoría, como algo o alguien no lo remedie antes, y embuchándonos el café de un sorbo entre nariz y mascarilla. Las calles están tristonas, lo que se acompaña de este tiempo legañoso y húmedo, porque las tiendas cierran al imposible horario europeo de las seis de la tarde, en el que los que trabajamos jamás llegamos a nada, y a las ocho de la noche no se ve ni un alma. La explicación de los horarios de cierre, como es bien sabido por todos, es que el virus solo se activa a partir de esa hora, de las seis de la tarde, y que no está presente por las mañanas en los colegios, en los trabajos, ni en los autobuses. Y también pega fuerte los viernes a partir de las tres de la tarde, el muy cabrito, momento de meterse en casita con la pareja a ver la tele. Los solteros, ajo y agua. Son medidas serias, basadas en la ciencia exacta de chuparse el dedo para ver por dónde sopla el viento.

Creo que ha llegado el momento de retomar la vida más o menos normal en nuestras ciudades, en nuestra Comunidad, aunque con el debido respeto a este dichoso virus, al que muchos le ven poco recorrido con la actualidad agresividad. Hay que abrir ya la hostelería, con medidas, restricciones o como puñetas tenga que ser, pero abrir, así como todos los comercios, en su horario habitual. Y ello porque las actuales medidas, aparte de todos los epítetos antes empleados, son también inconstitucionales. El art. 33. 3 de la Constitución Española dice lo siguiente:

  3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Por su parte, el art. 35 de la Constitución española reconoce a los españoles “el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Hoy más que nunca, con una cifra de desempleados que ronda los cinco millones y una crisis cuyo fondo ni se atisba, los cierres forzosos de los establecimientos comerciales y hosteleros pueden servir para engrosar aún más esta cifra, ya escandalosa. El art. 35 es uno de esos preceptos de la Constitución sobre los que se tiende a pasar de puntillas y es infrecuente encontrarlo en boca de políticos o mencionado en cualquier ámbito de la vida pública. Sin embargo, las declaraciones del art. 35 CE nunca se plantearon como meras manifestaciones programáticas vacías de contenido, sino que despliegan una protección que los ciudadanos podemos invocar y debemos exigir, máxime cuando se está vulnerando el derecho al trabajo de manera flagrante, por medio de órdenes gubernamentales. Así las cosas, con apoyo en estos dos artículos constitucionales se puede y debe reclamar la apertura inmediata de los comercios y establecimientos de hostelería. De hecho, es una exigencia que me consta ya se está planteando además a través de diversas demandas colectivas, de responsabilidad patrimonial contra la Administración Pública. Pienso en las numerosas demandas que caerán, que como sean estimadas no va a haber dinero para pagar las indemnizaciones ni con la reserva de oro del Banco de España. O sea, que por una vía o por otra estamos apañados.

En otros países de nuestro entorno también se ha ordenado el cierre de la hostelería por la pandemia, pero se ha indemnizado por parte del Estado a los hosteleros y comerciantes perjudicados por dichos cierres. Lamentablemente, aquí las ayudas o no están ni se las espera o están llegando con cuentagotas. Por ello, por evitar precipitarnos al fondo del pozo, las exigencias que se han de plantear al gobierno regional han de ser triples: el cese automático de las actuales medidas arbitrarias de confinamiento, la apertura ya de los comercios y establecimientos de hostelería en sus horarios habituales y la facilitación a los damnificados de las ayudas económicas por vía exprés y sin letra pequeña que excluya a la mitad de los solicitantes.