VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del caso Taula, ha abierto juicio oral al exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla por un supuesto delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes. Esta parte de la macrocausa corresponde a la pieza I, abierta en 2020. Se inició a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluía que el también responsable de la empresa pública Ciegsa entre 2004 y 2007 usó una mercantil de propiedad familiar para ocultar patrimonio al saber que estaba siendo investigado en lo que ni siquiera se conocía entonces como el caso Taula (ya que las indagaciones eran muy incipientes). El objetivo habría sido el de afrontar de manera más favorable un posible procedimiento judicial, alejando la posibilidad de adoptar medidas cautelares contra sus bienes.
Los agentes describieron en una exhaustiva cronología cómo entre 2014 y 2015 –un periodo muy corto de tiempo– Caturla concentró patrimonio en la empresa "Estilo Kikí", dedicada a la elaboración de tomate frito artesano, en perjuicio del suyo personal. A su vez, donó todas las participaciones que ostentaba en esa sociedad a favor de sus hijos. Sin embargo, sostenía la Guardia Civil, "mantuvo su participación en el funcionamiento y cobró beneficios de la empresa, si bien se deshizo de la propiedad formal de la misma".
En el auto de procedimiento abreviado, el juez explicó que el exsecretario autonómico de Educación tuvo conocimiento de que podría verse afectado por la investigación sobre hechos concernientes a la etapa de 2003 a 2007, cuando ocupaba este cargo público. "Con la finalidad de evitar, aminorar o dificultar el embargo y apremio de sus bienes, llevó a cabo una serie de operaciones tendentes a reducir o gravar su patrimonio personal inmobiliario", concluyó. Lo derivó, de acuerdo con el magistrado, hacia la empresa familiar, de la que hasta entonces era socio mayoritario, "reduciendo su participación en la misma, en favor de sus hijos".
Todas las operaciones investigadas, expuso el auto, parecían obedecer "a una disminución del patrimonio personal mediante hipotecas o disposiciones". Una conversión en dinero cuyo destino, en su mayor parte, se integró finalmente en la sociedad familiar. Y el cual generó activos "al tiempo que Máximo Caturla se fue desprendiendo lucrativamente en favor de sus hijos de su participación social en la empresa".
Ahora, el juez le ha abierto juicio oral y ha designado como órgano competente el juzgado de lo Penal que por turno corresponda. Como responsables civiles a título lucrativo figuran varios familiares y la mercantil "Estilo Kikí".
Caturla se encuentra actualmente inmerso en otro juicio de Taula, el de los zombies de Imelsa y Ciegsa (empleados de estas empresas públicas que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto).
La Audiencia Provincial expone las trampas del partido para financiar las campañas de 2007 y 2011. En esta última no se ha podido demostrar el origen de los fondos
Los magistrados ven acreditada la "mecánica fraudulenta" para la financiación de la campaña: de un lado, el desvío de fondos de la Fundación Turismo Valencia y del Centro de Estrategias y Desarrollo; de otro, un total de 1,6 millones de aportaciones "clandestinas" de empresas, algunas de ellas contratistas del Ayuntamiento