Foto: RAFA MOLINA VALÈNCIA. La Abogacía de la Generalitat ha cuestionado el convenio colectivo que Marina Salud -concesionaria del departamento de salud de Dénia- ha negociado con sus trabajadores al considerarlo lesivo para la Generalitat. Así lo recoge un informe del ente adherido a la administración valenciana, en el que se insiste en que las medidas acordadas entre la empresa y los trabajadores van en detrimento del servicio que ofrecerá la administración pública.
"La reducción de la jornada anual y el incremento de días de libre disposición conllevan que, con la misma plantilla, implica directamente una reducción de tiempo en la prestación del servicio", señala el documento. Cabe recordar que fue en 2021 cuando Ribera adquirió el 65% propiedad de Marina Salud a DKV, para sumar el control total de la gestora.
Ahora, vuelven a tener conflicto con la Conselleria de Economía por la renovación del convenio colectivo, como ya ocurrió en La Ribera. En esta ocasión, para remozar unas condiciones que estaban vigentes hasta 2014. Sin embargo, para la Abogacía, se han acordado medidas que suponen un incremento notable, directo o indirecto, en los costes del personal que, en alguno de los casos, "únicamente afectará a la Generalitat Valenciana, cuando se produzca la reversión".
En este sentido, aluden a la imposibilidad de denunciar el convenio por parte de la Generalitat antes de los tres meses previos a la finalización de su vigencia -31 de diciembre de 2023-, lo que implicará directamente un incremento del 2% anual de los salarios base del personal que, en caso de producirse la reversión - que debería tener lugar en 2024-, tendría que asumir directamente la Generalitat Valenciana.
El informe también señala la creación de un nuevo complemento retributivo que convierte el 30% de un complemento variable en fijo. Además, se señala que la medida más gravosa podría llevar a convertir el complemento variable en el 100% fijo cuando se dé la reversión, momento en el que la parte empresarial que firma el convenio ya no formará parte de la relación laboral. Según se apunta, esto conculcaría la potestad auto organizativa de la Generalitat y la competencia exclusiva de la Generalitat para organizar, administrar y gestionar todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana.
A ello, añade la necesidad de tener que contratar más personal para suplir la reducción de la jornada anual y el incremento de los días de libre disposición, si se quiere seguir prestando el mismo servicio. También considera que el conjunto de las nuevas medidas convenidas podría contravenir el contrato de concesión, que establece que en los 3 últimos años de la concesión los costes de personal del Concesionario no podrán superar el crecimiento medio de los 12 años de vigencia de la concesión.
"Una cláusula cuyo espíritu es, precisamente, evitar la tentación del concesionario de incrementar los costes de personal para dificultar la reversión de la concesión", señala. Mientras, Ribera ha alegado al bloqueo al entender que la Autoridad Laboral excede las competencias que la legislación laboral le otorga, al querer afectar en el principio de autonomía de las partes negociadoras.
Por otro lado, señalan que les sorprende que la Administración valenciana haya previsto un incremento salarial del 4% para el personal estatutario en la Ley de Presupuestos del año 2023 y disfrutan una jornada anual de 1.589 horas y se considere lesivo que los trabajadores laborales de Marina Salud que prestan un servicio sanitario público puedan disfrutar de una jornada anual de entre 1.681 y 1.847 horas en 2023, y tengan un incremento salarial para 2023 del 2,5%.
