Aunque la orden de desalojo parta de un mando de la Guardia Civil no hay que olvidar que la persona que le ordenó al coronel hacer lo que hizo es el ministro del Interior
BARCELONA. El dispositivo policial desarrollado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante el 1-O pasará a la historia como uno de los peores que se han visto nunca. Para el Gobierno fue proporcionado. Sin embargo, ellos son los únicos que lo ven así. El mundo entero ha visto las fotos de ancianas sangrando y las cargas policiales contra ciudadanos con las manos en alto. Las portadas de medio mundo desmienten al Gobierno de Mariano Rajoy.
La pregunta es cómo se llegó a esa situación y quién es el responsable. Para poder contestar a la primera pregunta hay que solucionar antes la segunda. De cara a las responsabilidades directas, el responsable sería el jefe del operativo, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Pero quedarse en él es hacer una análisis tan simplista que asusta.
Cualquiera que conozca un mínimo el funcionamiento de este tipo de situaciones sabe que el coronel recibe órdenes. En este caso del mismísimo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Él es la persona que debió impedir, y no alentar, lo sucedido ayer. Él es el responsable en última instancia de que se produjeran las fotografías y videos de la vergüenza. Él debió impedir la brutalidad policial sobre cientos de personas que ejercían una resistencia pacífica.
De hecho, no debía de ser tan ‘proporcionada’ la respuesta cuando transcurridas unas horas dejaron de intentar entrar en los colegios y requisar las urnas. Sabían que lo que hacían estaba mal y lo pararon. Ya era tarde, demasiado tarde. Las imágenes ya habían dado la vuelta al mundo.
Zoído es el responsable y él, solo él, debería salir a dar explicaciones, pedir perdón y por qué no, dimitir. Durante la primavera valenciana, y tras la desmedida actuación policial, hubo consecuencias. Pero fueron las de siempre, apartar al policía y nada de nada para el político que ordenó las cargas. Ahora qué ocurrirá, pues en el caso que se haga insostenible la situación “mandarán a barrer el cuartel al coronel” y, como no, el ministro seguirá en su sitio. Así es España.
Una vez se tiene el responsable es cuando hay que responder a porqué se llegó a esa situación. La orden de la magistrada era clara: los colegios debían estar cerrados y las urnas incautadas a las seis de la madrugada. Los Mossos d’Escuadra eran los que debían llevar a cabo esa orden. Pero todo el mundo, desde los catalanes de a pie a la prensa sabían que eso no iba a suceder.
El Gobierno vio la oportunidad de “dejar a los pies de los caballos” a major de los Mossos y a sus hombres. Desde Madrid ordenaron que la Policía Nacional y la Guardia Civil “no hicieran nada” hasta que la policía catalana fracasara. Antes de las cinco de la madrugada, en cada colegio había un núcleo duro de resistencia, pero a partir de esa hora, ese núcleo se convirtió en una concentración de gente ingobernable. No había suficientes efectivos para desalojar los colegios. Los catalanes respondieron a la llamada y llenaron las calles en plena madrugada.
No fue hasta casi las nueve de la mañana que se dio la orden a los policías de comenzar a desalojar los espacios de votación. Ahí estuvo el error. Enviaron a cientos de agentes a desalojar a miles y miles de personas que resistían pacíficamente. Por querer colorearle la cara a los Mossos se encontraron con una situación que no podían controlar. Una nefasta decisión estratégica llevo a un uso de la fuerza desproporcionada. Es más, los datos evidencian la mala gestión de la situación, pues dos de cada tres colegios que se cerraron lo fueron por los Mossos y no por la policía o la Guardia Civil.
Por culpa de una nefasta decisión política, la imagen que el mundo tiene de nuestra policía es la de unos agentes violentos que maltratan ancianos y abusan de mujeres.