Zaplana ve "algo más que raro" en los papeles que lo incriminaron

VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana acudió este lunes a firmar en el juzgado de guardia. Acudir todos los lunes a firmar es la medida cautelar, junto con la retirada del pasaporte, impuesta por la magistrada que instruye el caso Erial, Isabel Rodríguez. La juez sostiene que Zaplana es el principal investigado en una trama de delito de blanqueo de casi once millones de euros procedentes de dos contratos supuestamente amañados.

Este lunes, tras firmar, Zaplana atendió a los medios para volver a defender en público su inocencia e insistió en que "jamás" participó "en ninguna adjudicación ilegal". El expresidente aseveró que no dispone de "ninguna cuenta ni ningún bien fuera de España”, y señaló que está "deseando declarar y aclarar todo lo que sea necesario" para defender su "inocencia" en cuanto se levante el secreto decretado sobre el resto del sumario.

Valencia Plaza le preguntó sobre qué le parece la primera mitad del sumario hecha pública la semana pasada, a lo que el expresidente contestó, enigmático: "¿Por qué el sumario no explica bien lo del sirio?". Se refería a que los papeles que dieron pie a la investigación salieron presuntamente de una carpeta olvidada por él en su antigua casa que fue encontrada por una persona de origen sirio que se los entregó al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, antes de ser incautados por la Guardia Civil en un registro ordinario en el marco del caso Taula. Unos papeles que contenían, según el sumario, una "hoja de ruta" sobre cómo amañar los contratos ahora bajo investigación.

A la pregunta de si le parecía raro el relato policial de cómo aparecerieron los papeles, contestó de forma lapidaria: "¿Raro? Es más que eso". Ante esa respuesta, y preguntado sobre si creía que hubo algo extraño en la aportación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la forma de encontrar y aportar esas primeras pruebas contra él, el expresidente devolvió la pregunta: "¿Tú qué crees?", que quedó sin respuesta.

Las sospechas planteadas por el imputado se traducirán probablemente, procesalmente hablando, en un intento de aplicar al caso la teoría del fruto del árbol envenenado, que hace referencia a una metáfora legal relacionada con la valoración de la prueba en un proceso penal. Consiste en desestimar cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas. De hecho, diferentes defensas consultadas por este periódico explicaron que la batalla legal estará justo ahí. "Podemos decir que esto irá por la vía de Naseiro", aseguran.

El caso Naseiro ya dejó fuera de una investigación por un delito de financiación irregular del Partido Popular a Zaplana a principios de los noventa, basadas en escuchas incriminatorias en las que participó quien luego sería presidente de la Generalitat. El motivo del archivo, dictado por el Tribunal Supremo, que sentó con ello doctrina, fue que las citadas escuchas fueron retiradas de la causa al haber sido obtenidas en una intervención telefónica autorizada para investigar un caso de narcotráfico y no de corrupción política.

'Caso Erial'

El expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están imputados en diferente medida por delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.

En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.