Zaplana pide que vuelva a declarar Marcos Benavent sobre "los papeles del sirio"

VALÈNCIA (EFE). La defensa del exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha pedido a la jueza que vuelva a citar al autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, para que aclare el origen de la documentación que le entregó un conocido sirio y que dio pie a la investigación del caso Erial.

El abogado de Zaplana ha reclamado que Benavent vuelva a comparecer en el Juzgado de Instrucción número 8 para que pueda ser preguntado sobre el origen de la referida documentación, sobre la cual se ha cimentado buena parte de la investigación judicial al exministro.

Las fuentes del caso consultadas por EFE consideran que estas peticiones, junto con otras anteriores formuladas por la defensa de Zaplana orientadas a pedir más declaraciones, no prolongarán demasiado una causa cuya instrucción podría darse por cerrada en breve.

La defensa del exministro ha sido activa en las últimas semanas a la hora de pedir la comparecencia en sede judicial de otros posibles testigos relacionados con el alquiler de una vivienda que ocupó su hija en València y que se sospecha que pudo servir para blanquear fondos, y también de los funcionarios que participaron en las adjudicaciones de las ITV privatizadas.

"Papeles del sirio"

Los conocidos como "papeles del sirio" tienen su origen en un registro en el despacho de abogados del autodenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, y están considerados por los investigadores como la "auténtica hoja de ruta" que se siguió para concurrir a las licitaciones del Plan Eólico y las ITV por las que la trama supuestamente corrupta, con el expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana al frente, pudo cobrar comisiones.

Así figura en un informe de la UCO incluido en el sumario del caso Erial, en el que se detalla que esos documentos habrían sido hallados abandonados en la que fuera vivienda particular de Zaplana e intervenidos durante un registro del caso Imelsa.

Se trataba de tres documentos donde se vislumbraba, según los investigadores, una posible connivencia en la adjudicación de determinadas concesiones públicas del Plan eólico y las ITV a favor de sociedades ligadas al grupo Sedesa.

Los documentos estaban en poder de Marcos Benavent, por lo que se le tomó declaración en marzo de 2017, cuando explicó que se los había entregado en el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, que al parecer ocupó la misma vivienda que Zaplana, y que desconocía si tenían relación con alguna causa penal o alguna actividad criminal, pero los guardaba "junto con otros muchos" papeles.

También se tomó declaración a la persona que le entregó esos documentos, quien dijo haberlos encontrado "abandonados" dentro de un sobre unos diez años antes, alrededor de 2007, en una vivienda en la que residió en régimen de alquiler, cuyos propietarios fueron entre 1998 y diciembre de 2006 Zaplana y su esposa.

Dos de los documentos de lo que la investigación señala como una "auténtica hoja de ruta" fueron redactados a principios de septiembre de 2001 y detallan los pasos dados por el grupo Sedesa durante los años 2001 y 2002 en relación con las concesiones públicas de los parques eólicos y de la ITV, que se licitaron y adjudicaron bajo la presidencia de Zaplana en la Generalitat.

Alusión a diferentes empresas

Además, aluden a diferentes empresas relacionadas con el propietario de Sedesa Vicente Cotino y a la mercantil luxemburguesa Imison International, creada en mayo de 2001, que según desveló después la investigación se pudo utilizar para materializar el cobro de comisiones ilícitas por importe de 6,4 millones de euros.

El Gobierno valenciano de Zaplana privatizó el sector de las ITV en 1997 (en cinco lotes diferentes) y posteriormente puso en práctica políticas que permitieron que, entre el año 2000 y 2003 aumentasen sus tarifas de 18 a 46 euros, hasta convertirse en las más caras del Estado.

En 2004, buena parte de las firmas adjudicatarias vendió sus participaciones obteniendo unos beneficios que, en el caso del lote adjudicado a la familia Cotino (sobrinos del ex director general de la Policía, Juan Cotino) pudieron rondar los 86,6 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.

En contraprestación, tal y como considera acreditado la Guardia Civil, las empresas de los Cotino pagaron en 2005 y 2006 cerca de 8,5 millones de euros a dos empresas controladas por supuestos testaferros de Zaplana en Luxemburgo.