VALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda inicia una de las primeras actuaciones para movilizar parte del suelo público parado de la Comunitat Valenciana. Así, el departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau lanza un concurso para la cesión 29 parcelas de la administración a promotores privados con el fin de levantar viviendas para destinarlas a alquiler asequible. Se trata de uno de los ejes estratégicos recogidos en el plan presentado hace unos meses por esta Conselleria para construir en cinco años 2.400 nuevas viviendas en la Comunitat Valenciana.
La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), dependiente de Vivienda, ha abierto ya el plazo para la presentación de ofertas para la promoción, construcción y gestión de las futuras viviendas que serán de protección pública en régimen de alquiler, según publicaba este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). En concreto, se trata de 29 suelos agrupados en 14 lotes, que están ubicados en las provincias de Valencia y Alicante. Las empresas podrán optar a uno o varios de ellos.
El objetivo de la Conselleria es, a través de la colaboración público-privada, poner más oferta en el mercado para dar una respuesta a la emergencia habitacional que se ha agudizado con la crisis provocada por la pandemia. De hecho, el propio plan sitúa como necesaria esta relación con los agentes privados para poder movilizar los cerca de 115.292 metros cuadrados de superficie que la Administración calcula que existen en la Comunitat Valenciana de solares infrautilizados.
Además, la puesta en marcha de esta convocatoria para la cesión del derecho de superficie de estas parcelas supone dar una respuesta a una de las grandes demandas de los promotores valencianos. Desde hace años este colectivo viene reclamando una mayor colaboración para dar salida a este tipo de terrenos y poder promover nuevas viviendas en la autonomía valenciana.
La cesión del derecho de superficie de estas 29 parcelas a los promotores será por un plazo de 75 años, aunque prorrogables por otros 15 años más hasta un máximo de 90 años. La empresa, por tanto, construirá el edificio y lo explotará durante ese tiempo en régimen de alquiler asequible. Una vez finalizado ese periodo, el inmueble será gestionado por la administración valenciana que en ningún caso perderá la propiedad de las viviendas.
Este modelo colaborativo permite que no se disminuya el patrimonio de la Generalitat, a la vez que hace efectivo el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda de alquiler digna, así como contribuye a la ampliación del parque de viviendas, destaca en declaraciones a este diario el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, quien señala que el objetivo es levantar en estos suelos 1.206 inmuebles.
Además, durante la vigencia del derecho de superficie, la empresa adjudicataria de alguno de los lotes se encargará de los trabajos de mantenimiento, así como de la conservación y reparaciones necesarias para mantener las instalaciones del edificio en buen estado. También asumirá los gastos de los servicios comunitarios y los tributos que, en su caso, graven la propiedad.
Jiménez explica que el uso de las viviendas deberá ser exclusivamente residencial para vivienda de protección pública. Aunque, eso sí, la planta baja del edificio podrá ser destinada a locales comerciales que podrán ser alquilados en condiciones de mercado. Igualmente, si hubiera trasteros o garajes que no estén vinculados a las viviendas, también se les permitirá un arrendamiento a precios del mercado libre.
El plazo para las obras, detalla el secretario autonómico, será de 24 meses, tras obtener la licencia de obras, con la vista puesta en conseguir la calificación definitiva de la vivienda en un plazo máximo de 36 meses. Sin embargo, en caso de que concurra una causa sobrevenida justificada, la EVha podrá acordar una prórroga con la empresa adjudicataria del derecho en superficie.
En cuanto a los precios, la Evha ha fijado un canon anual de la parcela en función de sus características y condiciones, que se extenderá durante la vigencia del contrato. No obstante, el pago del canon tras la adjudicación se abonará en dos pagos. El primero, del 50% del canon, se hará efectivo en el acto de escritura pública de formalización del derecho de superficie y el segundo, el 50% restante, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de la obtención de la licencia municipal de obras.
De estas 29 parcelas, el grueso del suelo se ubica en la provincia alicantina, principalmente en Alicante ciudad, en el sector Rabassa, y en la localidad de San Joan. No obstante, también hay otra importante bolsa en el casco antiguo de València y la zona marítima, así como en las localidades de Benaguasil, Gandia, Manises o Silla.
En este primer concurso, según explica Jiménez, se han puesto a disposición de los agentes privados terrenos sin cargas ni obligaciones para agilizar el proceso. Ahora, se trabaja para regularizar otras parcelas de titularidad pública para lanzarlas al mercado y darles una salida. "Conforme vayamos regularizando la situación de otros solares los iremos sacaremos en sucesivos concursos", señala el secretario autonómico de Vivienda.
Esta actuación forma parte del plan 'Plan 2400', con el que Vivienda prevé construir 2.457 viviendas públicas en los próximos cinco años para destinarlas a alquiler asequible. Además, de esta colaboración con los promotores, el proyecto también contempla la promoción propia por parte de Vivienda y lanzar un segundo concurso de cesión de uso de suelos a cooperativas de viviendas.