VALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau publicó este jueves el listado provisional de solicitudes admitidas para acceder a las ayudas al alquiler que el Consell del Botànic II tiene previsto conceder a aquellas personas que se hayan visto afectadas económicamente por la crisis del Covid-19. Es decir, aquellas que hayan sufrido un ERTE en su empresa con motivo de la pandemia y no puedan atender el pago del arrendamiento de su hogar.
Un trámite para el que ahora, en pleno mes de agosto, la Conselleria concede un plazo de 10 días para que aquellos que se hayan quedado fuera puedan presentar alegaciones si su solicitud no ha sido admitida o, en caso de hallarse entre los admitidos, trasladar a Vivienda la documentación que acredite que están en situación de ERTE y que los ingresos de la unidad familiar son insuficientes para hacer frente al gasto del alquiler.
Es decir, que los admitidos tendrán que solicitar al SEPE un certificado que demuestre "que el pase a la situación de desempleo o ERTE ha sido por motivo del Covid-19" y, además, una "certificación expedida por la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) relativa a los ingresos declarados por todos los miembros de la unidad de convivencia en el ejercicio fiscal 2018".
Unos trámites para los que los aspirantes tendrán escasos 10 días hábiles (no se computarán sábados, domingos o festivos). El margen podría parecer más que suficiente para realizar todas estas gestiones en cualquier época del año, pero se complica especialmente en un mes como el actual, donde muchos servicios se encuentran a medio gas por las vacaciones estivales, sin contar que otros mantienen en gran medida la atención de manera telemática por la crisis sanitaria del coronavirus.
En cualquier caso, para lo que se abre plazo ahora es para realizar los trámites que permitirán el acceso a estas ayudas: esto es, tanto si un aspirante debe presentar alegaciones al listado provisional como si lo que tiene que hacer es enviar la documentación que acredite su situación económica y laboral. Por lo que los próximos días son relevantes para acceder a estas ayudas. Jornadas clave en un mes especialmente complicado en términos burocráticos y con una horquilla temporal estrecha.
Ahora bien, si este plazo podría parecer ajustado, no será así la celeridad con la que se repartan estas subvenciones. El pasado 24 de abril el pleno del Consell aprobó el decreto que regulaba las bases para la concesión de ayudas al alquiler destinadas a personas que no pudieran pagar este gasto como consecuencia del impacto económico y social del coronavirus.
Una medida para la que la Conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau reservó un total de 7,5 millones de euros que, advirtieron, podrían verse incrementados si la Comunitat Valenciana fuese beneficiaria de fondos europeos. La cuantía de la ayuda podría alcanzar hasta el 100% de la renta que constase en el contrato de arrendamiento, hasta un importe máximo de 650 euros al mes y por un periodo máximo de seis meses, "pudiendo incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril".
Sin embargo, la tramitación de estas ayudas, o más bien la lentitud con la que se están cursando, se está convirtiendo en todo un vía crucis burocrático para todos aquellos a los que urge beneficiarse de ellas. Las bases del decreto fijaban entre el 1 de junio y el 30 del mismo mes el plazo para que los valencianos interesados presentaran sus solicitudes. Es decir, el Consell se dio un mes para poder reunir las instancias de todos los demandantes.
Unas solicitudes que la cartera de Vivienda ha tardado un mes y una semana (todo julio y seis días de agosto) para cotejar y publicar un listado provisional de personas admitidas. Con todo, ahora comienza el trámite de alegaciones y presentación de documentación para acceder a estas ayudas; diez días hábiles que finalizarán el 20 de agosto.
A partir de entonces, la Conselleria de Vivienda deberá volver a revisar toda la documentación que se le haya remitido por parte de todos los aspirantes para publicar un listado definitivo de los receptores. Una tarea que, muy probablemente, le costará cerrar unas semanas. Con estos mimbres, se da por hecho que en septiembre, cinco meses después de aprobar el decreto, todavía no se habrán comenzado a repartir estas ayudas ideadas para distribuirse con razón de urgencia por la crisis del Covid-19.