FOTOS: EFEVALÈNCIA. (EFE) La crónica económica del nuevo año judicial, que comienza en septiembre, estará marcada por el caso Villarejo y los vínculos del excomisario con grandes empresas del IBEX 35 (BBVA, Repsol, CaixaBank e Iberdrola), especialmente activas durante estos meses.
El foco también estará en la investigación sobre el Banco Popular, así como en el rescate a Plus Ultra y la evolución de las presuntas estafas en criptomonedas, que han venido copando los tribunales.
Septiembre comenzará fuerte en la Audiencia Nacional con varios recursos pendientes en la causa por los negocios del excomisario José Villarejo y varias cotizadas que habrían contratado los servicios de su empresa, Cenyt.
Entre ellas Iberdrola, que habría pagado un millón de euros por varios encargos, como investigar al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, para "conocer cualquier circunstancia que pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto".
Antes de las vacaciones, el juez mantuvo la imputación del presidente de la multinacional energética, Ignacio Sánchez Galán, y de otros altos cargos de la época.
No obstante, es una filial -Iberdrola Renovables- y no la matriz la que figura como persona jurídica investigada.
Poco antes de que el magistrado confirmara el auto de imputación, Sánchez Galán había pedido que le apartara del caso ya que los hechos "se hallan claramente prescritos".
Además, lamentaba la "incidencia negativa" causada a Iberdrola, con un impacto "insostenible, incluso para la segunda empresa con mayor capitalización" del IBEX 35.
El presidente de Iberdrola se remitía a ciertos argumentos esgrimidos por el juez al archivar la investigación al presidente de Repsol, Antonio Brufau, al que fuera su homólogo en CaixaBank, Isidro Fainé, y a las dos cotizadas, en otra de las piezas por la contratación del excomisario cuando aún estaba en activo.
Los cuatro fueron imputados por los encargos a Cenyt (2011-2012) para que investigara la relación del expresidente de Sacyr Luis del Rivero con Petróleos Mexicanos (Pemex) en su intento de hacerse con Repsol.
Sin embargo, el magistrado entendió que, pese al delito previo -por el que los exjefes de seguridad de las compañías y varios directivos de entonces siguen investigados-, no hay pruebas que impliquen a Fainé y Brufau.
Más avanzada está la "operación Trampa" sobre el supuesto espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el BBVA encargó al excomisario desde 2004, cuando Sacyr intentó sin éxito, tomar el control de la entidad.
El último movimiento ha sido ampliar la investigación al expresidente del banco Francisco González para añadir una presunta administración desleal por usar recursos del BBVA para valorar una finca.
Una versión rechazada por González, que asegura que todas las gestiones fueron pagadas "de su bolsillo".
El magistrado también ha imputado al director de comunicación de la entidad, Paul G. Tobin, que deberá declarar por posible encubrimiento.
Este mismo mes se prevén novedades en la causa sobre el Banco Popular, empezando por la testifical de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, Elke König.
Después de cuatro años de instrucción, el juez ve necesario que aclare unas manifestaciones en televisión pocos días antes de que el Popular fuese resuelto, y la filtración sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad.
También seguirán las investigaciones por estafas en criptomonedas, como la dirigida contra el fundador de Algorithms Group, Javier Biosca, y su familia, que rondaría los 280 millones y sería el mayor fraude de este tipo en España.
Biosca, en prisión provisional, negó haber querido estafar, y dijo que arreglaría la situación "en tres o cuatro semanas" si quedaba en libertad.
Igualmente en manos de la Justicia está el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, que tras ser paralizado parcialmente por un juzgado de Madrid, ya ha sido abonado de manera íntegra.
Aún así, prosiguen las pesquisas impulsadas por el sindicato Manos Limpias -más tarde expulsado del procedimiento-, PP y VOX, contra la compañía y el Consejo de la SEPI que acordó la ayuda.
Tras ser absuelto por el caso Bankia, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato afronta un otoño agridulce a la espera de conocer la fecha del juicio por el origen de su patrimonio.
Anticorrupción pide entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública que le atribuye, seis por blanqueo, y otros cuatro por corrupción en los negocios.
El exministro permanecerá atento además al Tribunal Supremo, que deberá decidir si confirma o revoca la sentencia de Bankia, a raíz de los recursos de dos acusaciones.
