Foto: INMA CABALLER/CORTSEn psicología se llama ‘efecto anclaje’ al mecanismo mental por el cual las personas tomamos como referencia del valor de una cosa la primera cifra que escuchamos respecto a ella y no podemos evitar que influya a la hora de tomar decisiones. Los comerciantes conocen bien este sesgo cognitivo y lo usan con habilidad. Para vender una camisa a 70 euros ponen más visible otra de 120, con lo que la primera parece una buena opción, mejor que si no tuviera al lado un 'ancla' de 120. Lo mismo ocurre en las rebajas en las que figura el precio anterior tachado, que funciona como ancla por muy caro que sea. También los precios acabados en 99, donde el ancla es el número antes de la coma –leemos de izquierda a derecha–, de manera que 6,99 nos parece un precio más atractivo que 7 porque, total, son seis euros.
Y qué decir del efecto anclaje en las negociaciones. Cuando el Real Madrid quiere fichar a un jugador no pregunta el precio, filtra a Marca o a la Ser que está dispuesto a ofrecer 15 millones por él y, a partir de ese momento, da igual que el jugador tenga una cláusula de 70 en un club que no esperaba venderlo por menos de 35, todo el mundo dará por hecho que ese jugador vale en torno a 15 millones y la prensa madridista se preguntará cómo es posible que no lo dejen salir. Incluso la prensa y la afición del otro club dirán, con aspavientos, que vale "no menos de 25", tomando como referencia los 15 y olvidando que lo valoraban en mucho más, hasta acabar traspasándolo por 20 con la falsa sensación de que le han sacado cinco millones más a Florentino.
Algo de eso le ha sucedido a Ximo Puig en la negociación para el reparto del Fondo Covid de 16.000 millones entre las Comunidades Autónomas. El ancla la lanzó de manera involuntaria María Jesús Montero, que anunció unas variables que dejaban a la Comunitat Valenciana, una vez más, en el furgón de cola. Tras las quejas de muchas CCAA y la protesta airada de Baldoví, que nunca sabremos si influyó en la ministra, el Gobierno aprobó unos cambios que en conjunto nos benefician pero nos dejan con el 9,06% del pastel, lejos del 10,6% que nos correspondería si se distribuyese atendiendo a la población. Ese punto y medio de diferencia equivale a 246 millones de euros.
Pese a ello, Puig quedó como ganador mientras otros presidentes de CCAA que van a recibir más dinero per cápita quedaban como perdedores. Soler sacó pecho y hasta Compromís se quiso apuntar la pírrica victoria que no nos sacará de pobres. Todo por el efecto ancla de la cantidad inicial.
Protestaron Urkullu y Feijóo –no es que tengan la cara dura, es que están en campaña electoral– y otros presidentes a pesar haber colado un criterio final en el fondo de 4.200 millones destinados a paliar la merma de ingresos fiscales. En lugar de cubrir solo la merma de ingresos fiscales, un 40% del fondo se repartirá según ese criterio de la financiación autonómica denominado 'población ajustada' que tanto daño nos hace porque a la hora de repartir dinero nos cuenta como si fuéramos 4,8 millones de valencianos, cuando en realidad somos 5 millones. Ahí salimos perdiendo, igual que con la creación de un fondo para el transporte público, mientras en la parte sanitaria y en el conjunto salimos ganando. Pero da lo mismo porque hablamos del chocolate del loro.
Lo importante sigue siendo la reforma de la financiación autonómica, pendiente desde 2014 y que el Gobierno debe presentar en octubre, si nos fiamos de la palabra de la ministra. A mí Montero me parece de fiar, al contrario que Sánchez. Ha hecho un reparto del Fondo Covid razonable al menos en la parte sanitaria –esta última reflexión quizás nace del 'efecto anclaje'– y ha dado tanta liquidez a las CCAA para soportar la pandemia, que a uno le empieza a preocupar el uso que hagan de ella los gobiernos autonómicos, empezando por el nuestro. Además, ha demostrado que conoce el problema de infrafinanciación de los valencianos. No nos extrañe que lo arregle con una patada adelante en forma de Fondo de Nivelación, como proponía Fedea y reclamó Baldoví. Una solución provisional con pinta de durar muchos años, hasta que alguien se atreva a coger por los cuernos el toro de la reforma constitucional.
La última sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso del valenciano que tantas ampollas ha levantado es impecable. Recomiendo su lectura (si no entera, al menos desde la página 13, no es muy larga). Para quienes prefieren indignarse leyendo tuits, aquí van algunos apuntes.
El Supremo no prohíbe a Ximo Puig enviar documentos en valenciano a Torra. Tampoco cuestiona la unidad de la lengua –sobre la que el propio Supremo y el Constitucional ya se han pronunciado a favor–, porque la cuestión que se le plantea es, simplemente, si un Gobierno autonómico puede, mediante un decreto, matizar o interpretar lo que dice una ley estatal en una materia de competencia exclusiva del Estado. Y resuelve que no, porque la ley estatal "proporciona la regla única y suficiente para solventar todas las situaciones" sobre el uso de las lenguas cooficiales entre CCAA y "no precisa ni admite ninguna otra intervención normativa por parte de la Comunidad Autónoma". No solo eso, recuerda que la propia Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià aún es más restrictiva que la ley estatal, ya que prohíbe a la Generalitat mandar documentos en valenciano a cualquier otra Comunidad, hable la lengua que hable. Es un asunto de jerarquía normativa.
De la sentencia se pueden extraer dos conclusiones:
1) Habiendo dicho el Constitucional y el Supremo que valenciano y catalán son la misma lengua, la Generalitat valenciana no necesita aprobar un decreto para comunicarse en valenciano con Cataluña y Baleares. Le ampara la ley estatal –"regla única y suficiente"–, que dice lo siguiente en relación a los documentos en lengua no castellana enviados a otras CCAA: "Si debieran surtir efecto en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción" (al castellano). Si alguien recurriera un envío de Puig a Torra en valenciano, sería entonces cuando el Alto Tribunal tendría que pronunciarse sobre la unidad de la lengua, y probablemente volvería a hacerlo a favor.
2) Si, a pesar de ello, el Consell cree que necesita un respaldo explícito en la legislación añadiendo la frase "o en una Comunidad Autónoma que pertenezca a un mismo ámbito lingüístico", lo que tiene que hacer es promover un cambio en la ley estatal –y modificar luego la Llei d’Ús–, en lugar de pretender que los jueces hagan el trabajo de los legisladores.
