Vía libre para la nueva radiotelevisión valenciana

VALENCIA. El lío jurídico que amenazaba la puesta en marcha de la nueva radiotelevisión valenciana se ha resuelto. La Audiencia Nacional declaró este jueves que el ERE de RTVV era ajustado a derecho y, con ello, dejaba caer un jarro de agua fría sobre los extrabajadores, que recibían a las 10 de la mañana la noticia. Con esta sentencia, el camino para que el Gobierno valenciano de Ximo Puig abra la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) queda despejado y el proceso sigue su curso.

El peregrinaje ha sido largo. Desde que en 2014 CGT presentara la demanda por el Expediente de Regulación de Empleo que extinguió los contratos de 1.600 trabajadores, han pasado tres años y hasta el gobierno valenciano ha cambiado de color. Sin embargo, y paradójicamente, la Audiencia Nacional no ha tardado tanto en tenerlo claro: tan solo han transcurrido 15 días desde que se celebrara el juicio el pasado 11 de enero.

El fallo desarrolla a lo largo de 90 páginas diversos argumentos para declarar conforme a derecho el ERE a que dio lugar la ley que aprobó el Gobierno del PP y que permitió que la televisión se fuera a negro. Con ello, la Sala de lo Social desestimaba la demanda contra el despido colectivo interpuesta por CGT y a la que a última hora se adhirieron otros cinco sindicatos, a los que sí se les reconocía, por una parte, legitimación para recurrir, pero se les rechazaba, por otra, las causas de nulidad planteadas. 

En la sentencia, la Audiencia Nacional declaraba que no se había producido sucesión de empresas entre RTVV y la CVMC. Aunque en su día los representantes de los extrabajadores alegaron que el accionista único del antiguo y nuevo ente -la Generalitat- iba a ofrecer el mismo servicio utilizando las mismas instalaciones, archivo y repetidores, la Audiencia señala en el auto que no "ha sucedido propiamente, al menos a día de hoy, a RTVV, puesto que ni lo dispone la ley, ni se ha probado por los actores, quienes cargaban con la prueba, que RTVV haya transmitido a Corporación los medios materiales y personales necesarios para que pudiéramos admitir la concurrencia de transmisión empresarial, tal y como exige el art. 44.2 ET (Estatuto de los Trabajadores)".

Con este escenario, aunque CGT anunciara minutos después de estudiar la sentencia que recurrirá ante el Supremo, el recorrido que debe transitar ahora la Generalitat para abrir la CVMC queda más despejado. "Este Consell nunca hubiera cerrado Canal 9. Fue un error del PP. La solución era la reforma, no el cierre. Pero en cualquier caso parece que entramos en un espacio de mayor seguridad jurídica", manifestaba Puig. 

Por su parte, el presidente del antiguo comité de empresa, Albert Vicent, lanzaba a media mañana un mensaje a la Generalitat: ya que la sentencia de la Audiencia Nacional había declarado el ERE ajustado a derecho, que ahora la Administración "cumpla el artículo seis del acuerdo del expediente de regulación de empleo". Un punto que decretaba que, en caso de retomarse el servicio, los exempleados tendrían prioridad para incorporarse al nuevo ente público. 

Algo que no sería tan sencillo de cumplir, pues cabe recordar que la Abogacía del Estado advirtió al Gobierno autonómico apenas unos meses después de aprobar la nueva ley de la CVMC que los artículos 42, 46 y la disposición adicional novena de la norma podrían ser inconstitucionales. Concretamente en este último -disposición adicional novena-, señala que se podrá contratar personal temporal para la puesta en marcha del nuevo servicio y que para ello se generarán unas bolsas de trabajo por méritos donde se valorará como "mérito diferenciado el haber trabajado en la antigua RTVV". Un articulado por el que el pasado mes de octubre el Gobierno valenciano y el Gobierno Central constituían una comisión bilateral encabezada por el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, y por la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, para tratar las discrepancias existentes y así sortear la amenaza de recurso en el Tribunal Constitucional.   

De momento, con esta sentencia la Generalitat no sólo puede continuar trabajando en la apertura del nuevo ente, sino que también ha sorteado los peores escenarios con los que se podría haber encontrado: enfrentarse al pago de las indemnizaciones que deberían haber abonado en caso de haberse declarado los despidos improcedentes, o verse en la difícil coyuntura de estudiar cómo pagar los 150 millones que CGT había estimado que le costaría a las arcas públicas asumir que el ERE fuese declarado nulo. Esto hubiera supuesto que los extrabajadores cobrasen los salarios de tramitación, aunque en ese caso deberían haber devuelto lo cobrado de prestación de desempleo y en concepto de indemnización. 

Para continuar con los trámites que permitan recuperar el servicio público, el Consejo Rector de la CVMC se reúne este viernes a las 10 de la mañana para seguir estudiando los proyectos y méritos que los candidatos a convertirse en director general de la nueva radiotelevisión valenciana presentaron antes del pasado 10 de enero. Por su parte, los grupos parlamentarios continúan sus trabajos en la cámara para terminar de dar forma al mandato marco que defina las líneas maestras de la nueva Corporació.