VALÈNCIA. (EP) La presidenta de la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, ha convocado a los grupos del Congreso a una primera reunión de trabajo este martes 18 de febrero.
La reunión será el primer encuentro formal de la comisión encargada de 'tutelar' al Gobierno en materia de pensiones y Seguridad Social, y que en esta legislatura parte con el objetivo de renovar unas recomendaciones pendientes de actualizarse desde hace ya cuatro años, pues su última revisión data de enero de 2011 y, por tanto, debían haberse renovado en 2016.
La nueva presidenta ya ha anunciado su intención de partir desde el punto en que se quedó la comisión a principios de 2019, cuando a punto estuvo de llegar a un acuerdo que la convocatoria anticipada de elecciones impidió cerrar, al desmarcarse primero Unidas Podemos, y después PP y Ciudadanos, del borrador con el que trabajaban los grupos. "No hagamos borrón y cuenta nueva", dijo al tomar posesión.
La también exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha expresado su confianza en que, en esta ocasión, los grupos podrán alcanzar un acuerdo. "Se lo debemos a este gran país y a su ciudadanía", ha manifestado al tiempo que ha llamado a "retomar toda esa tarea" y "trasladar a la sociedad confianza, esperanza y certidumbre en el presente y futuro del sistema de pensiones".
Como horizonte, Valerio ha señalado que se deberá acometer un "plan a corto y medio plazo para eliminar el déficit de la Seguridad Social", determinar qué gastos está asumiendo el sistema de forma indebida y que deben trasladarse a los Presupuestos Generales del Estado, con el fin de llegar a los años 2023-2024 con el sistema "lo más saneado posible", ante el inicio de las jubilaciones de la generación del 'baby boom'.
Ante el previsible aumento de pensionistas --si actualmente perciben una pensión pública más de 10 millones de personas, ha dicho, la previsión es que lo hagan 14 millones en 2048--, Valerio ha apostado por "inyectar impuestos" si no basta con las cotizaciones, y acometer para ello una reforma fiscal, enfocada "en los que más tienen, los que más ganan y las grandes empresas", la lucha contra el fraude fiscal y laboral, y la mejora de los sueldos y las cotizaciones.
Por otro lado, la nueva presidenta del Pacto de Toledo ha señalado como uno de los temas pendientes que toca abordar en esta legislatura la derogación de la reforma del PP de 2013, que fijó una fórmula para revalorizar las pensiones, con un suelo mínimo del 0,25%, y un factor de sostenibilidad.
Una medida, para la exministra, "insostenible socialmente" pues considera que incluso el PP "hizo una especie de derogación 'de facto'" de la misma. Así, ha recordado que en 2018, cuando pactó sus últimos Presupuestos, los que actualmente están en vigor, suspendió la aplicación de la misma para arrancar el voto a favor del PNV.
En todo caso, no duda de que el PP estará dentro del acuerdo para renovar las recomendaciones, pues señala que "ya estaba en ese preacuerdo" que se dio al traste hace dos legislaturas: "Ahora mismo, no me cabe en la cabeza pensar que no estaba el PP. No me lo imagino estando fuera del acuerdo del Pacto de Toledo", ha señalado.
En este sentido, defiende que los partidos deben fijar un "mínimo común denominador" en sus nuevos recomendaciones. "Es poner en valor lo que nos une y, si luego hay partidos que no estén de acuerdo en algunas cuestiones, que presenten votos particulares", ha apostado, señalando que de esas recomendaciones "se pueden ir extrayendo puntos para hacer las reformas que sean menester".