ALICANTE. Habrá reforma en el Palacio de Justicia de Alicante. E incluso puede que ampliación. Pero siempre sujeta a unos límites. Esa es, cuando menos, la primera valoración que ofreció este miércoles el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), tras conocer la preocupación que había generado en la Conselleria de Justicia la inclusión del edificio de Benalúa (antigua cárcel) en el catálogo de protecciones que formará parte del nuevo Plan General. ¿Qué tipo de límites? "Será una cuestión que se deberá determinar a nivel técnico, entre el personal de la concejalía y de la propia conselleria", dijo. "Se han hecho cosas y pueden hacerse, pero por lo pronto lo que parece difícil es que pueda alterarse un elemento como la fachada del inmueble, como se propone", explicó Pavón.
En esta línea, precisó que el inmueble ya estaba incluido en la propuesta de catálogo de protecciones que elaboró el PP durante el pasado mandato y que, sin embargo, no llegó a entrar en vigor, después de que se desistiese de la tramitación del Plan General que impulsó la exalcaldesa Sonia Castedo al considerarse amañado en favor del promotor Enrique Ortiz, según se desprende del caso Brugal.
El nuevo equipo de Gobierno, según Pavón, se habría limitado a recoger los edificios que ya se proponía proteger en ese catálogo y, después, los habría ampliado en otros nuevos elementos patrimoniales, ambientales y paisajísticos. Además, detalló que el PP ya aprobó una suspensión de licencias sobre esos edificios a proteger y que esa medida cautelar continúa en vigor también para el edificio judicial, en el que se concentran todos los juzgados de la ciudad.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, había detallado antes, tras una reunión de trabajo con el alcalde, Gabriel Echávarri, que Generalitat y Ayuntamiento estaban trabajando para solventar las dificultades que conlleva la inclusión del inmueble en ese catálogo de protecciones. Según Bravo, el proyecto que manejaba su departamento preveía ganar 16.000 metros cuadrados para la creación de nuevos órganos judiciales (no concretó cuantos), con una nueva compartimentación de los espacios del edificio (incluidos puntos de paso) y el cubrimiento de algunas zonas ahora al aire libre, como los patios interiores.
Esa actuación quedaría ahora en el aire a expensas de que el Ayuntamiento concrete qué obras se permite llevar a cabo tras su consideración como edificio protegible. En el caso de que no fuese posible acometer el proyecto original, se optará por ejecutar una reforma -esperada, anunciada y pendiente de ejecutar desde hace más de una década- del inmueble que se considera necesaria para dignificar el servicio de prestación de justicia y se buscará otro edificio publico alternativo en el que poder trasladar parte de las dependencias judiciales de un modo coordinado, de modo que se agrupen todos los juzgados de un mismo ámbito jurisdiccional (todos los juzgados de lo Penal, por ejemplo) para dar sentido a la organización.
Echávarri prometió la máxima colaboración y sostuvo que las dudas sobre el encaje del proyecto original podrían quedar resueltas en una semana porque "no podemos esperar más tiempo". La intención de Justicia es licitar obras antes de que finalice 2016, ya que ya cuenta con partida presupuestaria para ello.