Un testigo admite que Turismo València destruyó facturas relativas a los ejercicios 2006, 2007 y 2008

VALÈNCIA. (EFE). Un subdirector de Turismo Valencia, citado este martes como testigo en el caso Imelsa por la defensa del exdirector de esta firma pública, José Salinas, ha afirmado ante el juez instructor que nunca vio contratos ni trabajos encargados a la empresa Laterne.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga las diversas causas en las que se ha dividido el caso Imelsa, ha acogido la declaración de dos testigos, uno de ellos propuesto por la defensa de Salinas y otro por la acusación que ejercen varios ediles de Compromís.

Según se desprende de parte del sumario de la pieza A del caso Imelsa, la empresa que contrató el PP municipal para su campaña de 2007, Laterne pudo haber girado facturas a varias empresas, entre ellas Turismo Valencia y otras fundaciones municipales, que supuestamente aportaron fondos de forma ilícita al partido o sufragaron algunos de sus actos de campaña. 

Según han explicado a EFE fuentes del caso, el primero de los testigos, un subdirector de la Fundación Turismo Valencia, ha explicado que no supo de ningún contrato firmado entre esta entidad y Laterne ni supo de ningún trabajo encargado a esta mercantil.

Los investigadores tienen constancia de que Turismo Valencia aportó 600.000 euros a Laterne que, al parecer, pudieron haber servido para financiar al PP municipal de forma ilegal.

Sin embargo, de esta transferencia únicamente hay constancia contable, no facturas, ni evidencias de una contraprestación, y por este motivo la acusación se centra en el posible delito de malversación de caudales públicos, han explicado las mismas fuentes.

El segundo testigo citado, una administrativa de Turismo Valencia, ha admitido que esta empresa pública llevó a cabo un proceso "sin precedentes" de destrucción de facturas y contratos relativos a los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Según su testimonio, era la primera vez que se destruían documentos en la empresa, y se hizo mediante la adquisición de dos máquinas trituradoras, una de las cuales se instaló en el despacho de Loles Edo, entonces subdirectora adjunta de Turismo Valencia y la otra en las dependencias de administración.

Esta parte de la investigación tiene origen en la confesión y documentación de Laterne revelada por Jesús Gordillo, un exempleado de esta empresa, que además trabajó a las órdenes de una empresa adjudicataria del Ayuntamiento de València y fue asesor del exvicealcalde Alfonso Grau.

Según consta en el sumario, Gordillo hizo llegar a la Fiscalía documentos y facturas de pagos efectuados por Laterne correspondientes a actos de la campaña del PP de 2007, así como un contrato del 3 de abril de 2007 en el que Grau, como "mandatario del PP de València", suscribe con la citada empresa los servicios para la campaña por 150.000 euros.

También aportó correos electrónicos en los que, al parecer, se dan instrucciones para "eliminar la referencia del PP o a actos de campaña en la facturación" de las empresas que subcontrató Laterne.

La Guardia Civil observó indicios de autenticidad en toda esa documentación, por guardar relación con las declaraciones realizadas por la empresa a la Agencia Tributaria. Esa documentación, según declaró Gordillo a la Guardia Civil, se la quedó cuando trabajaba en Laterne por recomendación de Grau.

Los investigadores sospechan que la Fundación Turismo Valencia, Feria Valencia, Fundación para la Innovación Urbana, Fundación Valenciana de la Calidad y Centro de Estrategias y Desarrollo, todas firmas sustentadas con fondos públicos, pudieron haberse hecho cargo de las deudas del partido con Laterne