VALÈNCIA. El aluvión de casos de corrupción que ha asolado el PPCV en los últimos años se pone de manifiesto en cuanto se realiza un repaso a la situación de los cuatro presidentes y 46 consellers que la formación popular ha tenido desde que accedió por primera vez al Gobierno valenciano en 1995. El 34%, uno de cada tres de ellos, se encuentra imputado en causas relacionadas con la corrupción o ya ha sido condenado. Mención aparte merecen los expresidentes, con la detención este martes de Eduardo Zaplana, la condena en su día por una factura falsa de 580.000 euros de José Luis Olivas y las imputaciones de Francisco Camps en Valmor y la visita del Papa, solo Alberto Fabra se encuentra limpio de polvo y paja. Unos datos que evidencian el grave problema que el partido ha atravesado y sigue padeciendo en la Comunitat Valenciana.
Echando la vista atrás, la etapa de Zaplana parecería la más dura en cuanto a consellers sentados en el banquillo, si se tiene en cuenta que iniciaron su andadura en el Ejecutivo en aquellos tiempos pero, en realidad, en la mayoría de casos fue por su gestión en la etapa de Camps por la que se vieron investigados. Así, aparte del citado Olivas, otro condenado fue Luis Fernando Cartagena, castigado a cuatro años de cárcel en 2002 por quedarse 49.000 euros entregados por unas monjas para obra social y que actualmente se encuentra investigado en el caso Metrored. En aquella época también entró en el Ejecutivo Rafael Blasco, actualmente en prisión por el caso Cooperación gestado años después de la marcha de Zaplana.
Entre el resto de consellers que formaron parte del Ejecutivo entre 1995 y 2003 que se encuentran investigados figuran José Joaquín Ripoll (caso Brugal), Serafín Castellano (caso Avialsa), María Àngels Ramon-Llin (pieza del pitufeo del caso Taula), Vicente Rambla (financiación irregular-Gürtel), y Alicia de Miguel (pieza 5, contrataciones irregulares-Gürtel).
El periodo posterior de gobierno del PPCV se enmarca entre 2002 y 2003, cuando Zaplana se marchó para dirigir el Ministerio de Trabajo y dejó al mencionado Olivas al frente del Ejecutivo valenciano, si bien no se incorporó ningún nuevo conseller.
La siguiente etapa (2003-2011) es la encabezada por Francisco Camps, si bien él ya había sido conseller con Zaplana entre 1997 y 1999. En el equipo de gobierno que fue acompañando al presidente en este año también aparecen dirigentes investigados o directamente condenados. El caso más grave es el de la que fuera titular de Turismo y presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, quien fue condenada en febrero a nueve años de cárcel por la pieza de Fitur de Gürtel. También está condenado -además de imputado en la visita del Papa- el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, quien asumió la culpabilidad de un cohecho pasivo impropio por el caso de los trajes, un proceso del que finalmente salieron absueltos Francisco Camps y Ricardo Costa.
Por otro lado, uno de los dirigentes que se sitúa en el ojo del huracán judicial es Juan Cotino, también ex vicepresidente del Consell y ex presidente de Les Corts. Investigado en la visita del Papa, la agencia EFE apuntaba a su imputación en la Operación Erial de este martes que tiene como epicentro a Zaplana y en la que fueron detenidos sus sobrinos, los empresarios Vicente y José.
Otra de las investigadas de la etapa de Camps -si bien posteriormente fue secretaria autonómica de Comunicación con Fabra- es la ex consellera de Turismo Lola Johnson, imputada en el caso Valmor que versa sobre la organización de los grandes premios de Fórmula 1 en València. Un proceso que también ha terminado salpicando al ex conseller de Infraestructuras Mario Flores, que fue llamado a declarar recientemente por otra causa en relación relacionada con la construcción del circuito.
Además, de esta etapa también se encuentran pendientes de juicio, junto a otras 27 personas, dos exconsellers de Sanidad, Manuel Cervera y Luis Rosado, concretamente en la pieza 5 de Gürtel que investiga posibles adjudicaciones irregulares a Orange Market. En total, entre presidentes y consellers, 17 imputados o condenados de los 50 designados por el PPCV desde 1995.
