ALICANTE (EFE/AP). El Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia ha citado a declarar como investigada a la subsecretaria de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana, Mónica Almiñana, tras una querella interpuesta por el grupo hospitalario Ribera Salud por un supuesto delito de prevaricación administrativa.
La querella en cuestión se interpuso porque Almiñana dictó una Resolución ampliando el plazo para presentar ofertas en un concurso se servicios informáticos del Hospital de La Ribera dos días después de haber vencido el plazo inicial, y volvió a ampliar el plazo varios días después, esta vez sin publicar ninguna resolución.
Según han informado a Efe fuentes conocedoras del caso, el citado juzgado, en un auto fechado el pasado 6 de noviembre, admitió a trámite la querella y citó a declarar, el 25 de marzo de 2021, a la también exsenadora del PSC y exgerente del Hospital La Fe de València, que fue nombrada subsecretaria de Sanidad por el pleno del Consell del pasado 4 de septiembre.
Al mismo tiempo, Ribera Salud y Alfatec presentaron sendos recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) -órgano adscrito al Ministerio de Hacienda- contra las ampliaciones de plazo, por lo que el departamento de salud de La Ribera suspendió este jueves la Mesa de Contratación del expediente "a la espera del oportuno pronunciamiento del tribunal". Se adelanta así al TACRC, que si admite el recurso suspenderá de oficio la tramitación del concurso.
En su querella, Ribera Salud expone que "la querellada ha dictado una resolución ampliando el plazo para presentar ofertas por parte de los interesados en una licitación pública, dos días después de haber vencido dicho plazo". La querellante recuerda que según el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, "en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido".
Según Ribera Salud, "esta actuación, además de ser contraria al ordenamiento jurídico, que no permite ampliar un plazo ya vencido, supone una clara conculcación de los más básicos principios que deben regir en materia de contratación pública, como son el de igualdad de trato y no discriminación de los licitadores que concurren en el procedimiento, contraviniendo de manera injustificada los derechos de los licitadores en detrimento de los beneficios de otros".
El pasado 7 de septiembre se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de licitación del contrato convocado por la Dirección Gerencia del Departamento de Salud de la Ribera de la Conselleria de Sanidad. Conforme al anuncio de licitación, la fecha límite establecida para la presentación de las ofertas era el 6 de octubre de 2020 a las 15 horas.
Si embargo, Ribera Salud denuncia que "de manera sorprendente y absolutamente injustificada, en fecha 8 de octubre de 2020, esto es, una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la Resolución de la Subsecretaria de la Consellería de Sanidad de la misma fecha por la que se resolvía conceder un nuevo plazo para la presentación de las ofertas". Y días después se volvió a ampliar sin ninguna explicación por parte de la Conselleria.
Según la empresa querellante, la actuación de Almiñana reúne todos los requisitos de la figura de la prevaricación administrativa: una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; que sea contraria al Derecho, es decir, ilegal; que esa contradicción con el derecho o ilegalidad sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico- jurídica mínimamente razonable; que ocasione un resultado materialmente injusto, y que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho.
Consultada por Efe, la Conselleria de Sanidad no ha ofrecido aún su versión sobre este asunto.
