ALICANTE (EFE). La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante ha decretado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri por el delito de prevaricación del que le acusa la fiscalía por despedir a una funcionaria municipal que era cuñada del entonces portavoz municipal del PP y ahora alcalde, Luis Barcala. El auto, hecho público este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y contra el que no cabe recurso, declara la competencia para enjuiciar estos hechos de la Audiencia Provincial de Alicante.

Echávarri ya está pendiente de conocer la fecha de otra vista oral que se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia contra él y dos de sus antiguos asesores por, presuntamente, fraccionar contratos en la Concejalía de Comercio, que él mismo dirigía. Su doble procesamiento por delitos de prevaricación le forzaron a dimitir el pasado 9 de abril, lo que permitió que el PP recuperara el gobierno local como lista más votada en las últimas elecciones, tras la investidura frustrada de la candidata socialista, Eva Montesinos. En ambos casos, la fiscalía solicita para él de forma provisional penas de diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

El nuevo juicio oral al que se enfrenta se debe al cese de Catalina Rodríguez, una técnica interina de la Concejalía de Cultura de Alicante. Otro tribunal de la Audiencia Provincial confirmó hace dos semanas su procesamiento por este despido, al entender que en él subyacen "motivaciones de exclusivo carácter personal y vindicativas por actuaciones previas realizadas por otro miembro de la corporación local en el ejercicio de sus derechos". La sala se refería así a la denuncia que el propio Barcala había presentado contra el entonces alcalde por el presunto fraccionamiento de contratos en Comercio.

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Alicante, Patricia Romero, decretó el pasado mes de marzo la apertura de un procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) contra Echávarri en el marco de estas diligencias.

La magistrada sostiene que el exalcalde del PSPV-PSOE carecía de "competencias" para ordenar el despido y tampoco justificó sus causas, pues, a su juicio, pretendía en realidad llevar a cabo una "represalia" contra Barcala por su denuncia. De hecho solo despidió a esta trabajadora -fue readmitida a instancias del pleno unas semanas después-, pese a que había otros 47 funcionarios interinos sin cargo a plaza trabajando en el ayuntamiento en esos momentos, tres de ellos en su misma situación.

El exalcalde acusado sostiene que el despido fue legal porque la situación laboral de Rodríguez suponía un "fraude de ley" y niega que la decisión respondiera a una venganza contra Barcala. Por el contrario, la jueza Romero considera que el decreto obedecía "únicamente" a su voluntad, "en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder".

La titular del Juzgado de Instrucción 2 ha abierto juicio oral a Echávarri y le ha emplazado a personarse de nuevo en este procedimiento, en el plazo de tres días, con abogado y procurador y a formular el correspondiente escrito de defensa.