VALÈNCIA, (EP). El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Valencia ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) contra la Generalitat por su "expulsión" en febrero de una reunión en la que se negociaba la regulación del requisito lingüístico en el marco de la Ley de Función Pública.
CSI·F presentó un recurso contra el Consell al entender que se había vulnerado el derecho a la libertad sindical en la reunión que tuvo lugar el 21 de febrero con otros sindicatos y en la que fue "obligado" a abandonarla.
En esta convocatoria, la conselleria acordó la "imposición" del requisito lingüístico en Administración del Consell, "tal y como había pactado con tres sindicatos", en lugar de aplicarlo como mérito, medida que reclamaba la central sindical.
El sindicato adujo en su escrito la vulneración que se había producido "en la vertiente del derecho a la negociación colectiva". La central sindical relataba que esa decisión de la Generalitat "pone de manifiesto la negociación con solo algunos de los sindicatos convocados". CSI·F apeló a la conculcación del derecho constitucional a la libertad sindical.
En esta línea, la central sindical comentaba que la Generalitat había actuado "al margen del correspondiente colegio negociador", pues las cuestiones relacionadas con la Ley de Empleo Público "deben negociarse en el seno de la Mesa General de Negociación de la Generalitat". También señalaba cómo la Generalitat "hizo abandonar al sindicato la reunión convocada para informar de las últimas modificaciones introducidas en el anteproyecto".
El juez, ante estos argumentos, ha decidido admitir el recurso y ha advertido de que el mismo se tramitará por las normas de procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. Así mismo, ha requerido a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas que, con carácter urgente, remita el expediente administrativo, acompañado de los informes y datos que estime procedentes.
Tras la reunión de febrero y el público malestar de CSI·F, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, apuntó que el encuentro con los sindicatos se realizó "sin perjuicio" de los representantes sindicales que no se sumaron al acuerdo, concretamente CSI·F. "Todos son igual de valiosos; no se ha intentado eximirles de la negociación sindical", destacó.