Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Empresa Pública de Salud (EPS) que prepara la Conselleria de Sanidad para albergar la reversión de las resonancias magnéticas, la farmacia sociosanitaria de residencias públicas y las concesiones sanitarias no contenta a los socios de Gobierno del Botànic. Ahora, es Unides Podem quien ha presentado alegaciones a la propuesta del departamento de Ana Barceló, a quien solicita modificaciones contundentes.
Desde la Conselleria de Participación y Transparencia han realizado propuestas para dar la vuelta a este instrumento que, a ojos del partido, no debe ser una empresa mercantil, sino una entidad pública. En una primera instancia, Unides Podem solicita a Sanidad el cambio de la 'Empresa Pública de Salud' por una 'Entidad Valenciana de Salud'. El motivo es que, según señalan, ésta no ofrece ninguna garantía ni confianza de que las reversiones será permanentes.
"Que se rija por el derecho mercantil puede suponer que un futuro Gobierno pueda venderla y cambiar la distribución de acciones", recalcan. Mientras, consideran que un ente público como la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) da mucha más seguridad al regirse por el derecho público y permitir un mayor control directo por parte de la administración valenciana.
A pesar de la transformación planteada para ejercer un mayor control sobre los servicios prestados, desde Unides Podem consideran que el ente no debe revertir ningún contrato de gestión de servicios públicos por concesión con prestación de servicios de atención sanitaria integral, uno de los propósitos por los que Sanidad quiere constituir la empresa pública.
Y es que, a escasos meses de la reversión de la concesión del departamento de Torrevieja no hay una modelo claro para ejecutarla, más allá que desde Sanidad han manifestado no querer volver a repetir los problemas de regímenes jurídicos a nivel laboral de los trabajadores de La Ribera, donde se ha evidenciado discrepancias entre el personal laboral heredado por la administración como personal a extinguir y el personal estatutario.
Además, las alegaciones de Unides Podem también han atendido a las demandas de los radiólogos de la sanidad pública, quienes han puesto en marcha una intensa campaña para evitar que el servicio de resonancias magnéticas de una gran parte de los departamentos públicos sea gestionado por la sociedad tras la finalización hace más de 2 años y medio del contrato de la UTE Erescanner Salud. En este sentido, desde el socio de Gobierno han planteado que los objetos del ente se circunscriban a limpieza, restauración, mantenimiento, electromedicina y transporte sanitario.
Unides Podem ya manifestó hace unas semanas su rechazo a la intención de la Conselleria de Sanidad que dirige Ana Barceló de crear una empresa pública de salud que gestione los departamentos de salud y servicios que se encuentran en proceso de reversión hacia una gestión pública. La portavoz del grupo parlamentario en Les Corts y coordinadora del partido, Pilar Lima, advirtió que los tres partidos que integran el Botànic "nunca" pactaron en el acuerdo de gobierno seguir una fórmula diferente a la emprendida con la reversión del Hospital de La Ribera. "Nunca se pactó que se siguiera otra fórmula distinta a la que marca la ley vigente de salud de la Comunitat aprobada en la anterior legislatura: MODELO ALZIRA. Tenemos un acuerdo botánico".
El malestar de los morados no solo vino motivado entonces por esta decisión, sino que fuentes del entorno de la dirigente advirtieron también que desconocían por completo los planes del departamento gestionado por los socialistas y se "encontraron" el decreto que da vida a la citada empresa de salud en la propia web de la Conselleria de Barceló. Una circunstancia por la que incluso se llegó a plantear una comisión de seguimiento del Botànic, si bien actualmente todavía se desconoce si finalmente será convocada o no.
Mientras, desde la Secretaría Autonómica de Vicepresidencia, dependiente de la vicepresidenta Mónica Oltra, también solicitaron la modificación del artículo 3 donde se determina el objeto y fines de la sociedad para evitar que las concesiones revirtieran sobre la sociedad, como ya adelantó Valencia Plaza.
"El objeto de la EPS es la prestación y gestión directa de todos los servicios sanitarios públicos procedentes de otras entidades públicas o privadas que se incorporen por reversión al ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana, así como por transferencia o por sucesión de empresas [...] ", señala el documento generado por el departamento de Ana Barceló.
Mientras, la propuesta de Compromís pide eliminar cualquier marco general donde se pueda tomar la decisión de asumir la gestión de Torrevieja. "El objeto de la EPS es la prestación completa de los servicios de resonancias magnéticas y los de farmacia sociosanitaria pública que puedan incorporarse por reversión o por sucesión de empresas al ámbito de la Generalitat Valenciana", acota. De esta manera, se despejarían las dudas de la utilización de este contenedor público para asumir la gestión del conjunto de departamentos devueltos a lo público.
